Guía unificadora de criterios orientativos en la aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, actualizada tras la aprobación de las Leyes 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal y 4/2011, de 24 de marzo, de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

Más de 2.500 preguntas y respuestas con referencia de actualización jurisprudencial.

Se ha procedido a una actualización de los formularios con base en la correspondiente de las propias reformas que se han llevado a cabo en la LEC y que muchas de ellas tienen una gran importancia en la presentación de las demandas que exigen de una actualización.

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Tras dos lustros de vigencia y más de veinte reformas legislativas, algunas de ellas de gran calado, como la Ley 37/2011 de agilización procesal, era necesaria una obra que abordase de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Civil, revisitando los conceptos sabidos y analizando los institutos de nueva creación a la luz, en especial, de la ingente jurisprudencia producida en la pasada década sobre la materia. Este libro está concebido, esencialmente, por y para los profesionales del Derecho. Realizado por un grupo multidisciplinar de expertos integrado por abogados, procuradores y magistrados, así como profesores y catedráticos de diversas universidades españolas, en él se aborda un análisis sistemático de cada uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley de Enjuiciamiento Civil y Leyes Complementarias

Articulado vigente de la LEC de 1881

Actualizada a la Ley 37/2011 de agilización procesal

Una herramienta de trabajo imprescindible para quien necesite disponer de los textos procesales civiles de más frecuente consulta comentados, concordados y con jurisprudencia.

Formularios procesales civiles

Edición adaptada a la ley 18/2011, 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías y la comunicación de la Administración de Justicia y ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de la justicia

Edición adaptada a la ley 18/2011, 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías y la comunicación de la Administración de Justicia y ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de la justicia

Se puede afirmar que Rodríguez Hermoso, no sólo llevó a cabo una óptima labor de sistematización, sino que su trabajo se encontraba y se encuentra siempre presidido por la calidad de sus contenidos, constituyendo una herramienta básica, que hoy, unida a la tecnología, ha determinado y determina una oportunidad de eficacia muy interesante para la Administración de Justicia. Por todo ello se puede afirmar que estamos en presencia de una gran obra jurídica, reclamando el valor intrínseco que los libros de formularios aportan al entramado jurídico de nuestro país, y que permiten no sólo un mayor conocimiento del funcionamiento de juzgados y tribunales, sino una actuación más dinámica y eficaz ante ello.

Es una obra eminentemente práctica cuyo objeto es facilitar la redacción de demandas y otros escritos de parte en el proceso civil buscando la máxima eficiencia profesional.

Adaptada a las últimas reformas de la LEC y, en este sentido, los formularios han sido confeccionados teniendo en cuenta, entre otras, las modificaciones efectuadas por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal.

3ª edición - actualizada Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal

El proceso monitorio es, sin duda, el proceso civil más frecuentemente utilizado en la práctica, pues, a su extenso ámbito de aplicación (a saber: la reclamación judicial de derechos de crédito impagados, con un límite cuantitativo recientemente ampliado y que se hallen de algún modo documentados) une, sobre todo, una estructura procedimental que sitúa al deudor en la postura de tener que pagar la deuda u oponerse formalmente a ella, ya que, de mantenerse inactivo frente al requerimiento judicial de pago subsiguiente a la admisión de la petición monitoria, se dictará en su contra un auto despachando la ejecución forzosa.

Sólo caben pruebas técnicas para valorar el estado alcohólico del conductor? ¿de quién es la propiedad de un billete de lotería premiado? ¿conocía el vendedor que la finca que vendía tenía 628 m² y no los 1.000 que dijo tener a los compradores? Cómo demostrar el daño moral que produce el ruido... Éstos y otros muchos interrogantes ven respuesta en esta obra, que pretende ofrecer al lector, para facilitar la actividad probatoria, una exposición de los indicios más utilizados por la praxis judicial civil. La obra se compone de 117 "themas probandi" que se articulan por orden alfabético a fin de facilitar su búsqueda. Cada tema comprende, a su vez, varios supuestos o situaciones que la realidad presenta, y lleva incorporada, por regla general, la cita de la sentencia que ha aplicado el indicio o máxima de experiencia.

Pretende la presente obra ofrecer unos particulares comentarios acerca de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan el llamado recurso de apelación desde la vertiente de la práctica diaria de los Tribunales de Justicia, tanto en su tramitación antes los Juzgados de Instancia, como en las Audiencias Provinciales, y dar respuesta a las dudas que más habitualmente se han suscitado en la ordenación del recurso; acompañando un conjunto de los formularios más utilizados.

La presente obra contiene una exposición sistematizada de los diferentes procesos civiles que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye el análisis de todos los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales...) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria...), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión).

El presente trabajo ofrece al lector una visión completa sobre la acción de desahucio que se sustancia por los trámites del juicio verbal, esto es, la acción de desahucio por falta de pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, por expiración del plazo fijado contractual o legalmente y por precario. Se trata de una materia de gran repercusión económica y social que ha sido sucesivamente reformada con el propósito de agilizar el proceso judicial. Las modificaciones más recientes obedecen a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de implantación de la nueva Oficina judicial y, sobre todo, a la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, que son detenidamente analizadas en esta monografía.

Este manual, que alcanza su segunda edición, está completamente adaptado a las importantes reformas introducidas por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial; la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial; la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios; la Ley 29/2009, de 30 de noviembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y, finalmente, el real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

La presente obra tiene por objeto el hacer un recorrido por los distintos procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y sus diversas actuaciones procesales ante los órganos judiciales competentes para conocer de cuantas acciones ejercitan los litigantes ante aquéllos, y ello con referencia especial a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial y la competencia específica dada a los Secretarios Judiciales, lo que supone un cambio importante en las normas procesales como se ve en el estudio y análisis de los artículos pertinentes.

La parca regulación del proceso, monitorio, incorporado a nuestro Ordenamiento por la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pero de honda raigambre en otros países, contrasta —quizás por ello— con la amplia problemática que suscita en la práctica este cauce procesal, elegido por el legislador para dispensar protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido de muchos justiciables, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños, por más que su cuantía se haya elevado considerablemente, pasando de cinco millones el máximo a doscientos cincuenta mil euros en la reforma introducida en el texto procesal por la ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

Los beneficios y riesgos que, para las partes y para el tráfico jurídico, conlleva la aplicación de la ejecución provisional prevista en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, exigen delimitar, claramente, las resoluciones que podrán ser ejecutadas provisionalmente. Se trata de una cuestión no exenta de dificultad si se repara en que la exégesis de los preceptos reguladores de la ejecución provisional en la LEC no permite establecer con claridad cuáles sean dichas resoluciones, sin que tampoco pueda encontrarse un criterio doctrinal y jurisprudencial uniforme al respecto.

Como consecuencia de la crisis económica se ha producido un importante incremento de la litigiosidad derivada del impago de deudas. Este hecho ha originado un aumento espectacular de los procesos de ejecución dineraria y, por ende, de las subastas judiciales.

Por otro lado, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, ha establecido una novedosa distribución de competencias entre los Secretarios judiciales y los Jueces con la finalidad de que éstos puedan concentrar sus esfuerzos en la labor que les atribuye la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ello ha supuesto la modificación de numerosas disposiciones legales, destacando por su amplitud la de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este es el tercer libro de la autora sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde su experiencia en una materia, que por razón de su profesión –Magistrado- ha de ser objeto de su continuo estudio. Enfocado a los profesionales del derecho, analiza su articulado desde una perspectiva práctica, recopilando las soluciones dadas a los principales problemas surgidos en la aplicación de la LEC 1/2000, en su primera década de vigencia, tanto por la doctrina como por los tribunales, a fin de proporcionar al lector los elementos necesarios para formar su opinión. Asimismo, con el objeto de evitar que la pormenorización distorsione la visión global de la figura jurídica o trámite procesal objeto de análisis, se incluyen esquemas y cuadros comparativos que ayudan en su estudio.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (y, en menor medida, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios) ha supuesto una reforma en profundidad de nuestro Derecho Procesal.

Gracias a la experiencia de sus autores, este libro no sólo le ofrece un visión panorámica de los grandes problemas que plantea la aplicación de la oficina judicial por los Tribunales sino que aborda todas esas cuestiones con un perfecto dominio de la materia, relacionándolas con otras ramas del Derechoy ofreciendo soluciones a los problemas que se plantean.

2.ª Edición ampliada, revisada y completamente actualizada a la legislación vigente y a la jurisprudencia más reciente.

La presente edición de "Los Procesos Civiles", sustancialmente ampliada y actualizada, contiene el comentario doctrinal de todos y cada uno de los preceptos de la LEC, tal y como los mismos han quedado redactados tras las recientes reformas legislativas tendentes a la implantación de la nueva Oficina Judicial (leyes orgánica 1/2009 y ordinaria 13/2009), que acaban de entrar en vigor.

Incluye contenidos On-line.

Incluye todos los cambios derivados a la implantación de la nueva Oficina Judicial, en vigor a partir de mayo 2010.

La presente obra se configura como una guía práctica sobre la prueba pericial civil. En ella el lector encontrará un análisis crítico sobre la realidad de la prueba pericial en el «día a día» de nuestros tribunales, no limitándose a una mera descripción teórica, toda vez que se incluyen experiencias y recomendaciones que pueden resultar de auxilio a cualquiera de los operadores jurídicos a los que afecta la prueba pericial.