La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal.

Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo.

Para otros el proceso penal debería ser un instrumento en manos del Poder Judicial con el que garantizar los derechos de los ciudadanos, y principalmente la libertad. La acusación debe ser un deber para el Fiscal y un derecho para todos los ciudadanos, sin monopolios, y el deber supone obligatoriedad en su ejercicio. La instrucción debe servir tanto para impedir que se abra el juicio oral, como para que, si éste se debe realizar, preparar lo mismo la acusación que la defensa, y por eso debe atribuirse a un órgano imparcial, y no a una parte. El proceso penal de este modo no debe ser un instrumento para los políticos, sino un medio de libertad de los ciudadanos.

Las divergencias no son algo meramente técnico. Las mismas responden a maneras muy diferentes de estar ante las decisiones políticas que conforman la vida social de una nación. Sigue siendo verdad que la regulación del proceso penal es el termómetro que indica los elementos autoritarios o liberales de la política de un país.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
Segunda oportunidad

De vuelta a la política del proceso penal

SECCIÓN PRIMERA
LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL

• I. Los monopolios en la aplicación del Derecho Penal
  • 1. EXCLUSIVIDAD ESTATAL
  • 2. EXCLUSIVIDAD POR LOS TRIBUNALES
  • 3. EXCLUSIVIDAD PROCESAL
• II. La garantía jurisdiccional
• III. Inexistencia de derechos subjetivos penales
• IV. La acomodación del proceso al derecho material aplicado
  • 1. LA APLICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO
    • A) El principio de oportunidad
    • B) El principio dispositivo
    • C) El principio de aportación de parte
  • 2. LAS NORMAS CIVILES DE IUS COGENS
    • A) Actuación exclusivamente judicial
    • B) Consecuencias de la no disposición
      • a) El Ministerio fiscal como parte
      • b) Exclusión de la terminación anormal
      • c) No admisión de hechos
      • d) Inexistencia de prueba legal
      • e) Aumento de los poderes materiales del juez
• V. Las concepciones sobre el proceso penal
  • 1. LA CONCEPCIÓN CLÁSICA: APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL
  • 2. LA CONCEPCIÓN ACTUAL: GARANlTÍA DEL DERECHO DE LIBERTAD

SECCIÓN SEGUNDA
LA INUTILIDAD DEL LLAMADO PRINCIPIO ACUSATORIO PARA LA CONFORMACIÓN DEL PROCESO PENAL.

• I. La inexistencia de dos tipos de proceso penal
  • 1. LOS LLAMADOS SISTEMAS INQUISITIVO Y ACUSATORIO
  • 2. EL ABSURDO INTENTO DE MONOPOLIZAR LA IDEA DE PROCESO ACUSATORIO
    • A) La ilusión de la teoría
    • B) La decepción práctica
• II. La conformación del juez y el llamado principio acusatorio
• III. Lo «acusatorio» como mero eslogan politico

SECCIÓN TERCERA
LOS ELEMENTOS EXTERIORES QUE CARACTERIZAN AL PROCESO PENAL

• I. La necesidad de dos fases en el sistema procesal penal
• II. La actividad preparatoria (procedimiento preliminar)
  • 1. INVESTIGACIÓN
  • 2. INSTRUCCIÓN
    • A) Preparar el posterior juicio oral
    • B) Impedir que llegue a abrirse el juicio oral (evitar la «pena de banquillo»)
• III. El juicio oral y público
• IV. La creación artificial de una parte: el Ministerio Público o Fiscal
  • 1. EL ORIGEN DEL MINISTERIO FISCAL
  • 2. PARTE (NATURALMENTE) PARCIAL
    • A) Actuación conforme a la legalidad
    • B) Con imparcialidad personal
• V. La configuración actual del fiscal español
  • 1. PROTEO Y EL CAMBIO DE FORMAS
  • 2. UN ÓRGANO INTEGRADO Y PARTE DEL PODER EJECUTIVO
    • A) La ficción de la integración en el Poder Judicial con autonomía funcional.
    • B) La realidad de la integración en el Poder Ejecutivo

SECCIÓN CUARTA
LA COMPETENCIA PARA LA FASE PREPARATORIA DEL PROCESO PENAL

• I. Entre el juez de instrucción y el fiscal instructor
  • 1. LA NATURALEZA POLÍTICA DE LA CUESTIÓN
    • A) El conjunto de las reformas pretendidas
    • B) El momento de preposición de las reformas
  • 2. EL CARÁCTER INTERNO DEL DEBATE
    • A) La inexistencia de norma internacional
    • B) La dispersión del derecho comparado
  • 3. LA PARCIAL LIBERTAD DEL LEGISLADOR ORDINARIO
  • 4. LA FINALIDAD POLÍTICA A CONSEGUIR
• II. Límites de la actividad preparatoria atribuible al fiscal
• III. El sacrificio de la eficacia material en aras del aumento de los poderes del fiscal (=Poder Ejecutivo)
  • 1. DEL SUEÑO A LA PESADILLA CON EL MINISTERIO FISCAL ACTUAL
  • 2. LA REITERACIÓN INÚTIL DE ACTOS PREPARATORIOS
    • A) Referidos a los sistemas de incoación de la actividad preliminar
    • B) Referidos a la realización de la actividad investigadora
    • C) Referidos a la adopción de medidas cautelares
    • D) Referidos a los actos de limitación de derechos
    • E) Referidos los juicios jurídico-penales que hacen avanzar la instrucción o la terminan.

SECCIÓN QUINTA
LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR

• I. Los principios de la jurisdicción y de los jueces
• II. La Confusión en torno a la imparcialidad
  • 1. DE LA NADA A CASI TODO Y EN POCO TIEMPO
  • 2. LA IMPARCIALIDAD SEGÚN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
    • A) Etapa inicial o tautológica
    • B) Etapa actual o imprecisa
  • 3. LAS MATIZACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
• III. De la imparcialidad a la incompatibilidad
  • 1. NOCIÓN DE IMPARCIALIDAD
  • 2. LOS TIPOS DE CAUSA DE ABSTENCIÓN Y DE RECUSACIÓN
    • A) Por la relación del juez con las partes o el objeto del proceso (Imparcialidad)
    • B) Por la relación del juez con el proceso (Incompatibilidad)
      • a) Falta de relación con el proceso
      • b) Depencencia del proceso
  • 3. IMPARCIALIDAD E INCOMPATIBILIDAD
• IV. El juez que instruye no juzga
  • 1. PROCEDIMIENTO PRELIMINAR
  • 2. JUICIO ORAL
    • A) Se trata de un verdadero proceso
    • B) Con procedimiento oral
  • 3. LA INCOMPATIBILIDAD LÓGICA DE FUNCIONES PROCESALES
• V. La distinción entre juzgador y parte

SECCIÓN SEXTA
LA ACCIÓN PENAL (CON LA OPOSICIÓN A QUE LA EJERCITE SÓLO EL FISCAL Y DISCRECIONALMENTE)

• I. La acción penal
  • 1. LA ACCIÓN EN EL PROCESO CIVIL
    • A) La acción como derecho a la tutela judicial concreta
    • B) La acción como derecho a la tutela judicial abstracta
    • C) El derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva
  • 2. LA NOCIÓN DE ACCIÓN PENAL
    • A) Algunas consideraciones elementales
    • B) La acción como deber o derecho a estimular el ius puniendi
    • C) El poder de acusar
      • a) En la Europa continental
      • b) En Inglaterra y los Estados Unidos
      • c) La acción como poder de acusar
    • D) La no retirada de la acción penal ya en el juicio oral
  • 3. LA TITULARIDAD POR LOS PARTICULARES DE LA ACCIÓN PENAL
    • A) El origen en España de la acusación por los particulares
    • B) Las clases de acusación propia de los particulares
      • a) Acusación popular
      • b) Acusación particular
• II. La naturaleza constitucional de la acción popular
• III. Defensa de la acusación popular
  • 1. EL ATAQUE POLÍTICO Y SU EXPLICACIÓN
    • A) El encuadramiento de ese ataque en otro más general
    • B) La llamada «revisión de la acción popular»
      • a) La exclusión de los delitos con más repercusión social
      • b) La dependencia de la acusación popular de las otras acusaciones
        • a”) La voluntad del perjudicado
        • b”) La voluntad del Ministerio fiscal
  • 2. EL EJERCICIO RAZONABLE DE LA MISMA
    • A) En el número de asuntos
    • B) En la legitimación para la acusación popular
      • a) Sobre el interés personal y el interés por la justicia
      • b) La no legitimación de los organismos públicos
      • c) La legitimación limitada de las personas jurídicas
    • C) En la sencillez de los requisitos formales
• IV. Sobre la obligatoriedad o la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal.
  • 1. EL PRIMER MOMENTO: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
    • A) La oportunidad para el fiscal
    • B) Los argumentos alegados
    • C) La mejor utilización de los recursos
  • 2. EL SEGUNDO MOMENTO: LA DISCRECIONALIDAD
    • A) En general
    • B) En especial en España

SECCIÓN SÉPTIMA
EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

• I. La confusión sobre lo que sea ese objeto
  • 1. LA ACCIÓN PENAL Y LA ACCIÓN CIVIL
  • 2. RELEVANCIA DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL
• II. El hecho punible y el objeto del proceso
  • 1. LA PERSONA ACUSADA
  • 2. LA FUNDAMENTACIÓN O CAUSA DE PEDIR
    • A) La fundamentación fáctica: el hecho punible
    • B) La fundamentación jurídica
  • 3. LA PETICIÓN
  • 4. SÓLO EL HECHO CONFORMA EL OBJETO
• III. El objeto del debate
• IV. Delimitación progresiva del objeto
  • 1. EN EL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR
  • 2. EN EL JUICIO ORAL
• V. Los principios sobre el objeto
• VI. La acumulación de la acción civil
  • 1. LA CONFUSIÓN SOBRE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
  • 2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL ACTO ILÍCITO
  • 3. EL OBJETO DEL PROCESO CIVIL ACUMULADO
    • A) Caracteres de la acumulación
    • B) El ejercicio en el juicio oral

SECCIÓN OCTAVA
LA CONFORMACIÓN DE LAS PARTES

• I. La partes en el proceso penal
  • 1. LA SINTOMÁTICA NEGACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PARTES EN EL PROCESO PENAL.
  • 2. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS PARTES
• II. Los principios de actuación de las partes
  • 1. DUALIDAD DE POSICIONES
  • 2. CONTRADICCIÓN (PRINCIPIO) O DEFENSA (DERECHO)
    • A) Derecho fundamental de defensa
      • a) Sujetos afectados
      • b) Contenido del derecho
      • c) Prohibición de la indefensión
    • B) Principio de contradicción
  • 3. IGUALDAD
• III. Delimitación respecto de otros principios
• IV. La contradicción en la fase de procedimiento preliminar
  • 1. EL SISTEMA ORIGINARIO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
  • 2. LA INTRODUCCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN
  • 3. EL ATAQUE A LA PUBLICIDAD Y A LA CONTRADICCIÓN
    • A) La publicidad en manos del fiscal
    • B) La investigación a espaldas de «las partes»

SECCIÓN NOVENA
EL JUICIO ORAL Y LA PRUEBA

• I. La fase de juicio oral
  • 1. EL DRAMA DEL ACTUS TRIUM PERSONARUM
    • A) La desigualdad de las partes
    • B) La publicidad y sus limitaciones
  • 2. LA REPRESENTACIÓN DEL DRAMA SIN PÚBLICO: LA PUERTA CERRADA.
• II. El sistema probatorio penal
  • 1. LA LLAMADA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
  • 2. LA NO OBLIGACIÓN DE DECLARAR
  • 3. LA PRUEBA DE OFICIO
    • A) Desde el aumento de los poderes del juez civil
    • B) ... hasta la disminución de los poderes del juez penal.
    • C) La prueba como función de las partes
  • 4. LA VALORACIÓN LIBRE DE LA PRUEBA
    • A) Sobre los sistemas de valoración
    • B) Libre convencimiento o según conciencia

SECCIÓN DÉCIMA
LOS RECURSOS Y EL DERECHO AL RECURSO

• I. Los recursos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882
  • 1. PROCESO POR DELITOS
    • A) Resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción
    • B) Resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales
  • 2. PROCESO POR FALTAS
  • 3. EL DEBATE SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN
    • A) Oralidad y segunda instancia
    • B) La desconfianza frente a los jueces municipales
• II. La destrucción de la razonabifidad del sistema de recursos
  • 1. PROCESOS POR FALTAS
  • 2. PROCESOS POR DELITOS
• III. La reducción del recurso de apelación contra sentencias
  • 1. UNA VERDADERA APELACIÓN, AUNQUE LIMITADA
  • 2. RECURSO SIN PRUEBA
  • 3. RECURSO CON PRUEBA
  • 4. LA STC 167/2002 Y LA APELACIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS
• IV. La ampliación del recurso de casación
• V. El derecho al recurso
  • 1. EL ARTÍCULO 14.5 DEL PACTO DE 1966
    • A) Una aproximación interpretativa
    • B) Los Dictámenes contra España
      • a) La revisión íntegra de la sentencia condenatoria
      • b) Las aguas vuelven a su cauce
    • C) El caso especial de la sentencia absolutoria seguida de sentencia de condena.
      • a) La opinión del Comité de Derechos Humanos
      • b) Derecho de todas las partes
  • 2. DERECHO A UN DOBLE GRADO DE JURISDICCIÓN
    • A) Doble grado de jurisdicción
    • B) Examen por un tribunal superior
• VI. Un futuro recurso de apelación limitado y competencia de un tribunal ordinario.
  • 1. LOS INTENTOS DE REFORMA
    • A) La LO 19/2003, de 23 de diciembre
    • B) El Proyecto de reforma de la LOPJ de enero de 2006
  • 2. LA PROPUESTA DE REFORMA
    • A) Consideraciones generales
      • a) Sobre el recurso
      • b) En especial, la prueba en el recurso
      • c) Sobre el órgano competente
    • B) El recurso de apelación limitado
      • a) Nulidad o infracción de norma procesal
      • b) Infracción de norma material
      • c) Errores en la prueba
      • d) Procedimiento
    • C) El órgano competente para conocerlo
• VII. El recurso de casación

CONCLUSIÓN CRÍTICA
UN PROCESO PARA LA LIBERTAD

Muy lejos de la complacencia en la situación actual

• 1. LA DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
• 2. LA PROFUNDIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE LAS PARTES
• 3. LA VÍCTIMA Y LA ACUSACIÓN NO PÚBLICA

Una unidad de:

PROCESO PENAL Y LIBERTAD

(ref. 5488)

IMPORTE TOTAL

(impuestos incluidos)

66,52