Se han incluido en este código tanto una selección de preceptos de la Ley 11024/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, como el mismísimo Real Decreto n° 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, con lo que se da buena cuenta del régimen de la presencia de las entidades de crédito en el ámbito de los mercados de valores e instrumentos financieros, así como de la prestación de servicios de inversión.

Asimismo, se han recogido algunas disposiciones de Derecho administrativo, o incluso de Derecho político general [piénsese en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado], en cuanto —sin referirse directamente a la actividad bancaria— sirven como marco institucional de referencia, en el que se inserta el conjunto de la legislación especial sobre la materia crediticia y financiera.

Por lo que a la estructura del «Código bancario» se refiere, podríamos verter una doble consideración, en la medida en que el orden expositivo de las distintas normas no es casual, sino que responde a dos criterios: uno estático o estructural, y otro funcional ó dinámico.

Desde el punto de vista funcional se ha optado por el modelo de ordenar la materia siguiendo el ciclo vital de las entidades de crédito: su configuración y creación, su actividad operativa, su participación en estructuras de grupo y procesos de concentración empresarial, para concluir por su régimen concursal o disolutorio/liquidatorio, el final de la existencia de las entidades.

Desde el punto de vista estático o estructural, el «Código bancario» aparece conformado bajo la ordenación de la materia en dos grandes bloques temáticos: una primera parte que contiene las Disposiciones generales sobre ordenación bancaria, comenzando por la aún vigente —siquiera de modo fragmentario— Ley de 31 de diciembre de 1946, de Ordenación Bancaria. A esta norma se añaden la Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del Crédito y de la Banca, de discutidísima vigencia, y —a continuación— disposiciones mucho más recientes, que forman el esqueleto de nuestro «actual» Derecho bancario, como el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas y, sobre todo, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Seguidamente esa primera parte se subdivide en subepígrafes dedicados, respectivamente, a las Autoridades de control y supervisión, para seguir, a continuación, con subepígrafes dedicados a las diferentes modalidades de «entidades de crédito» [banca pública, bancos privados, cajas de ahorro...].

La segunda parte está dedicada al Régimen del ejercicio de la actividad bancaria, comenzando por las normas de ordenación del ejercicio regular de la empresa bancaria, entre las cuales ocupan un primerísimo lugar las disposiciones relativas a los requisitos de solvencia, coeficientes y recursos, como la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, el Real Decreto 321/1987, de 27 de febrero, por el que se regula el coeficiente de inversión obligatoria de las Entidades de Depósito, la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, o la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sector financiero. Seguidamente, en epígrafes específicos, se contienen las normas sobre contabilidad bancaria y las que regulan las medidas de control del blanqueo de capitales.

A continuación se incluyen una serie de disposiciones relativas a las operaciones bancarias, ya que los bancos y entidades de crédito desarrollan una actividad que se concreta en una serie orgánica de operaciones más o menos uniformes e interdependientes, regidas por normas jurídicas contractuales.