La polémica surgida recientemente en torno a las garantías del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, patentiza la importancia y actualidad del tema, del que el autor, Fiscal de profesión, nos ofrece su personal elaboración, fruto de una prolongada labor de investigación, unida a su experiencia práctica.

De forma sistemática expone la variada y compleja problemática jurídica que presenta la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, partiendo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. El concepto constitucional de correspondencia, los paquetes postales y la detección de su contenido, los requisitos de la resolución habilitante; los casos especiales de paquetes con etiqueta verde, de contenido identificado, etc.; el registro de equipajes y ordenadores; la intervención del correo electrónico y la entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos.

Especial importancia tiene en estos momentos la intervención telefónica, por la incidencia de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones; y el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril; así como de las SSTEDH de 30 de julio de 1998 (caso Valenzuela Contreras) y 18 de febrero de 2003 (caso Prado Bugallo)) y del Auto de inadmisión de 25 de septiembre de 2006, dictado en el caso Abdulkadir Coban contra España. Con ese trasfondo estudia los requisitos de la resolución judicial habilitante: motivación, indicios, las Diligencias Indeterminadas, los principios de proporcionalidad, subsidiariedad, necesidad y especialidad; y los problemas procesales respecto a la audición, autenticidad, selección y trascripción de las cintas, conversaciones en lengua extranjera, reproducción en el juicio oral, identificación de la voz, etc.

Analiza también los problemas que presentan la grabación de conversaciones propias, colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado, intervención de comunicaciones en el ámbito penitenciario; así como la extensión del objeto del derecho al secreto de las comunicaciones: obtención de listado telefónico, examen de la memoria del teléfono móvil, obtención del código de identificación del teléfono móvil, rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador, etc.

Como recapitulación trata de los efectos de la prueba ilícita en relación con todos esos temas; prestando finalmente especial atención a la jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8 del Convenio Europeo, presentando más de una centena de sentencias, quizá todas las dictadas por el Tribunal, cuya lectura es imprescindible para comprender el interés supranacional que durante muchos años ha tenido la materia.
Nos encontramos, en suma, ante un completo y muy cuidado análisis técnico jurídico, de gran utilidad en el ámbito judicial para los profesionales de todo orden avocados a la aplicación de los preceptos estudiados.

SUMARIO

Abreviaturas

Introducción

CAPÍTULO I. El derecho al secreto de las comunicaciones3

• 1. Fuentes legales
• 2. Su relación con el derecho a la intimidad
• 3. Contenido y límites: la intervención de las comunicaciones

CAPÍTULO II. Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica

• 1. Fuentes legales
• 2. Alcance del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones postales
• 3. Concepto constitucional de correspondencia
• 4. Extensión de la protección a los paquetes postales
• 5. Actividad previa a la apertura: la detección del contenido del envío
• 6. Requisitos para la detención y apertura de la correspondencia
• 7. Excepciones
• 8. Apertura efectuada en el extranjero
• 9. Apertura de objetos relacionados con la investigación
• 10. La intervención del correo electrónico
• 11. Entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos

CAPÍTULO III. Intervención telefónica

• 1. Concepto
• 2. Naturaleza jurídica
• 3. Fuentes legales: la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo
• 4. Reseña jurisprudencial
• 5. El secreto de las diligencias como presupuesto lógico de la intervención telefónica
• 6. Existencia de indicios delictivos como requisito para acordar la intervención telefónica
• 7. Ubicación procesal de la intervención telefónica
• 8. Requisitos
• 9. Interceptación de otras señales de comunicación
• 10. Cuestiones procesales
• 11. Recapitulación
• 12. La actuación del Ministerio Fiscal

CAPÍTULO IV. Grabación de conversaciones propias

• 1. Doctrina del Tribunal Constitucional
• 2. Doctrina del Tribunal Supremo

CAPÍTULO V. Colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado

• 1. La cuestión en la doctrina científica
• 2. Estudio de la jurisprudencia

CAPÍTULO VI. Intervención de las comunicaciones en el ámbito penitenciario

• 1. Comunicaciones genéricas
• 2. Comunicaciones específicas con Abogados y Procuradores
• 3. Comunicaciones con autoridades y profesionales
• 4. Comunicaciones entre internos

CAPÍTULO VII. Extensión del objeto del derecho al secreto de las comunicaciones

• 1. Estudio de la doctrina científica
• 2. Doctrina del TEDH
• 3. Posición de la Fiscalía: La Consulta 1/1999
• 4. La cuestión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
• 5. Doctrina del Tribunal Constitucional
• 6. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones

CAPÍTULO VIII. La ilicitud de la prueba por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones

• 1. La prueba ilícita: El artículo 11.1 de la LOPJ
• 2. Prueba irregular y prueba ilícita
• 3. El efecto reflejo de la prueba ilícita
• 4. Legitimación para invocar la violación del derecho al secreto de las comunicaciones
• 5. Momento procesal en el que se ha de cuestionar la validez de la prueba
• 6. Impugnación de la declaración de nulidad de la prueba

CAPÍTULO IX. Jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8 del CEDH

• 1. Caso Golder: Sentencia de 21 de febrero de 1975
• 2. Caso Klass: Sentencia de 6 de septiembre de 1978
• 3. Caso Silver: Sentencia de 25 de marzo de 1983
• 4. Caso Malone: Sentencia de 2 de agosto de 1984
• 5. Caso Campbell y Fell: Sentencia de 28 de junio de 1984
• 6. Caso Boyle y Rice: Sentencia de 27 de abril de 1988
• 7. Caso Schönenberger y Durmaz: Sentencia de 20 de junio de 1988
• 8. Caso Schenk: Sentencia de 12 de julio de 1988
• 9. Casos Kruslin y Huvig: Sentencias de 24 de abril de 1990
• 10. Caso McCallum: Sentencia de 30 de agosto de 1990
• 11. Caso Pfeifer y Plankl: Sentencia de 25 de febrero de 1992
• 12. Caso Margareta y Roger Andersson: Sentencia de 25 de febrero de 1992
• 13. Caso Thomas Campbell: Sentencia de 25 de marzo de 1992
• 14. Caso Niemietz: Sentencia de 16 de diciembre de 1992 1
• 15. Casos Funke, Crémieux y Miailhe: Sentencias de 25 de febrero de 1993
• 16. Caso Sra. A. contra Francia: Sentencia de 23 de noviembre de 1993
• 17. Caso Calogero Diana: Sentencia de 15 de noviembre de 1996
• 18. Caso Domenichini: Sentencia de 15 de noviembre de 1996
• 19. Caso Halford: Sentencia de 25 de junio de 1997
• 20. Caso Koop: Sentencia de 25 de marzo de 1998
• 21. Caso Lambert contra Francia: Sentencia de 24 de agosto de 1998
• 22. Caso Petra: Sentencia de 23 de septiembre de 1998
• 23. Caso A.B. contra Holanda: Sentencia de 29 de enero de 2002
• 24. Caso Jankauskas contra Lituania: Sentencia de 24 de febrero de 2005
• 25. Caso Matheron contra Francia: Sentencia de 29 de marzo de 2005
• 26. Caso Argenti contra Italia: Sentencia de 10 de noviembre de 2005
• 27. Caso Copland contra Reino Unido: Sentencia de 3 de abril de 2007
• 28. Caso Reyhan contra Turquía: Sentencia de 23 de septiembre de 2008
• 29. Caso Liberty y otros contra Reino Unido: Sentencia de 1 de julio de 2008
• 30. Caso Valenzuela Contreras contra España: sentencia de 30 de julio de 1998
• 31. El caso Prado Bugallo contra España: Sentencia de 18 de febrero de 2003.
• 32. El caso Abdulkadir Coban contra España: Auto de 25 de septiembre de 2006
• 33. Otras resoluciones

Bibliografía