Estudio del Real Decreto legislativo 2/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público

• Más de 600 sentencias
• Casos prácticos
• Modelos de Formularios
• Régimen jurídico de los contratos administrativos
• La contratación público-privada
• Adjudicación y ejecución de los contratos
• Estudio de la Ley de Contratos de la Comunidad Foral de Navarra

La evolución de la contratación administrativa y de su régimen jurídico se ha conformado en los últimos años como un auténtico problema debido a los cambios a los que se ha visto sometido como consecuencia, por un lado, de las exigencias de la Unión Europea y, por otro, de la situación estratégica que la contratación administrativa ocupa en el ámbito de la economía en general. La presente obra recoge un conjunto de estudios que tratan de exponer los cambios que se han sucedido en el ámbito de la contratación pública desde una doble perspectiva.

La ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007, es una de esas Leyes llamadas a tener estabilidad y ser de marcado carácter codificador.

Pese a que entró en vigor en mayo de 2008, en poco más de dos años dicha norma se ha reformado en profundidad por distintas y variadas normas con rango de Ley que han alterado en profundidad sus fundamentos con cambios en lo relativo a la modificación de los contratos, el sistema de pagos, la perfección o el control por órganos administrativos independientes, mediante un recurso precontractual y un nuevo recurso contractual (cuestión de nulidad).

Por ello, en esta monografía se pretende dar cuenta y analizar los cambios efectuados y sus consecuencias prácticas, insistiendo también en al necesidad de una nueva contratación pública que se sustente sobre los paradigmas de simplificación, eficiencia e integridad, a fin de garantizar el derecho a una buena administración.

p. El recurso al sector privado para la construcción de obras públicas ha sido una constante desde que existe una verdadera política sobre la materia. El sistema «de empresa», que devendría luego en el más moderno «de concesión», suponía, y supone, la asunción del contratista de la obligación de construir una obra que, atendiendo a su finalidad, puede calificarse de «pública», para retribuirse posteriormente con el derecho de explotación de la misma.

Pero junto al sistema concesional, y de un tiempo a esta parte, han aparecido otros sistemas «paraconcesionales», cuyos contornos y régimen jurídico conviene deslindar. Las concesiones de servicios, y más recientemente, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, son quizás, los ejemplos más paradigmáticos.

La posible confusión del objeto y la causa de los contratos de concesión de obras públicas con los propios de las concesiones de servicios y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado es lo que justifica abordar la depuración conceptual de todas estas figuras y la determinación de los elementos singulares que sirven para diferenciar unas figuras de otras.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, regula dos regímenes de contratación diferentes: el régimen aplicable a las Administraciones públicas y el de los poderes adjudicadores que no tienen tal carácter, a los que hemos denominado genéricamente en el presente manual entidades instrumentales de la Administración. El primero es objeto de una regulación pormenorizada; el segundo se hace de una forma mucho más flexible y abierta, dejando numerosas lagunas y dudas que en los primeros momentos de la aplicación de la ley generaron grandes problemas de interpretación y aplicación.

El Tribunal de Cuentas tiene constitucionalmente atribuida la función jurisdiccional, que consiste en el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Esta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia contable, constituye el ejercicio de una función jurisdiccional plena y exclusiva, en un proceso especial por razón de la materia.

La presente monografía es fundamentalmente un análisis de la negociación colectiva desde la perspectiva funcionarial, pero con imprescindibles referencias a Acuerdos y Pactos de funcionarios acordados con posterioridad al EBEP. No obstante, hemos creído necesario incorporar algunas consideraciones sobre la negociación colectiva laboral, por cuanto los trabajadores con contrato porcentualmente suponen entre el 60 y el 80 por ciento de nuestras plantillas locales a nivel de toda España. El operador jurídico y el estudioso encontrará en estas páginas, pues, una base de información prácticamente actualizada a inicios del año 2010, que le permitirá conocer los criterios de la jurisdicción sobre la negociación colectiva en el empleo público local y también las líneas y orientaciones que han seguido los interlocutores sociales y la Administración a la hora de negociar.

La madurez alcanzada por el Derecho Público Autonómico justifica el intento de ofrecer un estudio sistemático de todos sus componentes.

Así, tomando como punto de partida el Estatuto de Aragón de 2007, se lleva a cabo una exposición de los elementos que integran el ordenamiento jurídico-público de la Comunidad Autónoma.

Este ordenamiento de mueve en el contexto constitucional, estatal y autonómico comparado que también se ha tenido en cuenta, a fin de insertar la correspondiente institución o el sector de actuación dentro de las características y los problemas generales de las diferentes materias analizadas.

Resulta ciertamente difícil conocer la extensión del sector público estatal, los órganos, entes, entidades y organismos que lo integran, así como el régimen jurídico que resulta aplicable a cada uno de ellos. Ahora bien, su conocimiento es imprescindible para poder entablar relaciones jurídicas con el sector público estatal con la debida seguridad y la necesaria certeza. Es innegable que las personas físicas y jurídicas que ostentan nacionalidad española, antes o después, entablarán algún tipo de relación jurídica con el sector público estatal. Igualmente, las personas físicas y jurídicas extranjeras que ostentan algún interés económico o profesional en España, antes o después, de forma directa o indirecta, entrarán en contacto con el sector público estatal.

La obra aborda, desde una perspectiva práctica y jurisprudencial, las principales «especialidades» que caracterizan la dinámica procesal de la jurisdicción contencioso-administrativa en relación a los Entes locales.

Cabe advertir que, como se reconoce desde las primeras páginas, el empleo del término «especialidades» aplicado al contencioso-administrativo y a los Entes locales debe ser muy matizado: hoy día la jurisdicción contencioso-administrativa se concibe desde la óptica del principio de unidad, y no existe un «contencioso-administrativo local» propiamente dicho y diferenciado respecto del de las restantes Administraciones. Ello no obstante, tanto las concretas referencias a las Administraciones locales que se contienen en la legislación procesal, como las interacciones que se producen entre esa legislación y la propia del régimen jurídico de los Entes locales como, en fin, la específica problemática de la litigiosidad de esos Entes, ha dado lugar a una práctica propia que viene acreditada por una copiosa jurisprudencia que justifica el tratamiento que de ella se hace en la obra.

Nuestra Constitución proclama en el artículo 9.3 el principio de responsabilidad de los poderes públicos y en el artículo 106.2 concreta que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, la doctrina jurisprudencial entiende que la responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo además, imprescindible, que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

La ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos ha supuesto un punto de partida extraordinario para la construcción de la Administración pública de la sociedad de la información en España. En materia tributaria, la ley General Tributaria, pionera en este campo, recogió por vez primera algunas formas de gestión enraizadas en el uso de las nuevas tecnologías como la automatización de la actuación administrativa o la obtención de imágenes electrónicas de los documentos con idéntica validez y eficacia que el documento original.

Sin duda alguna, la Administración Electrónica ha impulsado un replanteamiento de la relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes, que tiene en su base el derecho de los ciudadanos a utilizar los medios de comunicación electrónicos para relacionarse con la Administración y ejercer sus derechos.

Esta monografía aborda la situación de los Ayuntamientos en el IVA con una visión eminentemente práctica. Para ello se estructura en torno a cuestiones que permiten identificar el problema analizado en cada una de ellas. Esta visión no obvia un estudio riguroso desde los planos doctrinal y jurisprudencial. Así, a lo largo de estas páginas, se encuentran, de un lado, continuas referencias a la doctrina administrativa y jurisprudencia (española y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) más relevante con cita de su fuente. De otro, figura al principio de cada capítulo una selección de bibliografía sobre la materia a tratar. Sin embargo, se han omitido las típicas notas a pie de página para facilitar su lectura y comprensión.

Su contenido se estructura en tres capítulos, dedicados, respectivamente, a los Ayuntamientos como sujetos pasivos del IVA, las operaciones urbanísticas y la tributación de las concesiones.

La Ley de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector público ha introducido importantes cambios en una materia de gran calado como es la Contratación Pública. Con el fin de cumplir con el derecho comunitario y de simplificar la tramitación esta Ley incorpora una nueva sistemática y novedades procedimentales sustantivas.

En esta obra, que pretende ser práctica, se analizan las principales novedades en lo relativo a la adjudicación del contrato examinando las cuestiones de los sujetos contratantes, la tipología contractual, los procedimientos y criterios de adjudicación y los mecanismos de control. Un análisis desde la perspectiva del derecho comunitario en tanto fundamento de la reforma y desde la perspectiva práctica de los distintos órganos consultivos. Así, este libro pretende tanto dar información suficiente sobre las cuestiones advertidas como llamar la atención en los problemas prácticos de las mismas, aportando interpretaciones que posibiliten una mejor comprensión para todo aquél que gestiona o se relaciona con el «mundo» de los contratos públicos.

La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del régimen jurídico vigente por un importante sector de la doctrina, cada días más extenso.

Esta obra es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea.

Manual, eminentemente práctico y completamente actualizado, de ayuda para pasar de una gestión de la Tesorería puramente administrativa a una gestión moderna, con la aplicación de técnicas y herramientas de gestión financiera. Para dar el salto del Tesorero recaudador/pagador, al Tesorero director financiero. El paso de la función cajero/depositario a la función tesorera.

Se trata de la primera obra que abordó específicamente el tema de la Tesorería de las Corporaciones Locales y que lo hizo con una gran difusión y una excelente acogida por parte de los tesoreros locales, y se ha convertido en referente del mercado.

La obra supone una determinación absolutamente necesaria de los procedimientos de adjudicación. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicación desde los puntos de vista de la Administración y de los licitadores.

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La Administración Pública realiza su función de servir los intereses generales sobre la base de unos principios que adquieren el mayor rango al recogerse en el artículo 103 de la Norma Fundamental, entre ellos el de eficacia, para lo cual el Ordenamiento Jurídico otorga a la Administración Pública un poder exorbitante del Derecho Común, con el fin de llevar a buen término y en el plazo más breve posible sus funciones, evitando todo tipo de injerencias que pudieran distorsionar su fin último. Ese poder de la Administración tiene diferentes manifestaciones como es la “potestad sancionadora”, cuyo objetivo es, por un lado preventivo, es decir tratar que los administrados cumplan la normativa vigente, y por otro, y en caso contrario, sancionar aquellos que actúen al margen de la Ley.

Nuevo título de la Colección de Códigos Básicos que recoge las recientes novedades en materia de contratos. Incluye el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha norma regula determinados aspectos de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. Su entrada en vigor se producirá el 16 de junio.

Ediciones Francis Lefebvre pone a su disposición el manual de consulta rápida, en el que por fin podrá encontrar sin rodeos toda la información relativa al régimen jurídico de las Administraciones Locales: marco normativo, competencias, funcionamiento, administración y gestión de las mismas.

Lejos de aportarle una simple transcripción de la normativa vigente, realiza un análisis eminentemente práctico de cada materia, aportando soluciones clarificadas con ejemplos ilustrativos, y fundamentadas con la normativa de aplicación en cada caso, así como con la jurisprudencia y doctrina administrativa más relevante.