Analiza de forma exhaustiva, directa y sencilla el conjunto de reformas que se han producido sobre la legislación procesal española.

Presta especial atención a las disposiciones legales y aspectos centrales del ámbito procesal.

Aborda también el estudio de anteproyectos o proyectos de Leyes que tienen una relevancia notable en el panorama regulatorio del proceso.

Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y rapidez de acceso a la información.

El expediente de reclamación de derechos y honorarios, más conocido en la práctica forense como jura de cuentas, es por antonomasia el procedimiento más expeditivo de nuestro Ordenamiento jurídico, reservado en exclusiva para que Procuradores y Abogados reclamen el pago de los servicios profesionales desempeñados dentro de cualquier pleito.

La presente monografía examina los pormenores de este mini proceso sumario, ejecutivo y según cierta doctrina, privilegiado.

La obra, además de incluir el análisis y desarrollo teórico del instituto, incorpora una interesante selección de jurisprudencia aplicada, esquemas que clarifican el procedimiento y los recursos, así como 19 formularios.

Reimpresión de esta exitosa obra

Esta obra representa la definitiva consolidación de un pensamiento originalmente creativo en torno a la prueba de los hechos en el proceso judicial. Tema que ya despertó hace varios años la atención del autor con su famosa Técnica Probatoria, auténtico best-seller en su época (9 reediciones), y que se ha ido desarrollando y perfeccionando empíricamente con los materiales extraídos de infinidad de casos judiciales contemplados desde un ángulo o perspectiva puramente factual, inédita en nuestra literatura jurídica,y desde la cual resulta más accesible dar una respuesta a la eterna cuestión ¿cómo se prueba esto?

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Esta segunda edición de los «Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil», que continúa dentro de la colección de «Grandes Tratados» que la Editorial Thomson Reuters Aranzadi dedica al estudio de las Leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, supone un importante paso adelante con respecto a la primera. Si en ésta, por razones de inmediatez, el objetivo primero fue subrayar las novedades "abundantes? que la ley introducía en el proceso civil español y resaltar los numerosos problemas que la aplicación práctica de las mismas podía plantear, en la que ahora ve la luz, que aparece notablemente ampliada, se abordan las soluciones de esos problemas tanto por la doctrina científica como de los tribunales, procurando aunar en su exposición la fundamentación dogmática y la dimensión práctica, importantes ambas en una obra de esta naturaleza.

Uno de los aspectos que con relación al arbitraje más problemas está suscitando en la práctica es el de la ejecución del laudo. Tengamos en cuenta que siendo el proceso de ejecución judicial, su atribución a los órganos jurisdiccionales tiene carácter necesario. Además, y como es obvio, la normativa a aplicar es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, más las especialidades establecidas en la propia Ley de Arbitraje (art. 45).

Sin embargo, la ley procesal civil no resuelve muchas de las cuestiones que la ejecución del laudo, por ser título asimilado –pero distinto– a la sentencia, plantea. El libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión y lo hace desde un punto de vista doctrinal pero también jurisprudencial, aportando soluciones.

Nueva edición del título publicado por los catedráticos de la UNED y la UCLM en la que se estudia el Proceso de Amparo con amplitud y profundidad ante los diferentes Tribunales (ordinarios, Constitucional y Tribunal Europeo de derechos Humanos).

El convenio arbitral: su eficacia obligatoria es la primera monografía del Dr. Marco de Benito Llopis-Llombart, (un abogado brillante y un universitario profundo), en palabras del Prof. Juan Fernández-Armesto, autor del prólogo.

El autor sostiene que el convenio arbitral produce de forma inmediata eficacia material obligatoria (efecto positivo) y que, por el contrario, sólo genera eficacia procesal indirectamente, si se incoa un concreto arbitraje. El convenio arbitral crea, por ello, una regla de conducta basada en un cualificado deber de lealtad a lo pactado, cuya inobservancia genera responsabilidad.

La Ley recoge en esta obra un riguroso y exhaustivo compendio de esquemas procesales CIVILES, PENALES y CONCURSALES, que constituyen una extraordinaria herramienta de trabajo para profesionales del derecho: abogados, jueces, fiscales y procuradores, porque que les ayudará a acercarse con éxito a los Tribunales, conociendo con soltura cuál es la vía procesal adecuada. También es útil para los estudiantes de derecho y sus profesores: a los primeros les supondrá contar con un esquema de sus libros de texto, y a los segundos les apoyará en la difícil tarea de explicar en sus clases el entramado de fases procesales.

Mientras se procede a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, este libro nos acerca al nuevo panorama procesal dibujado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre complementaria de la anterior, presentado de forma clara, sencilla y exhaustiva. Un manual de consulta y referencia absolutamente imprescindible en cualquier biblioteca jurídica.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, es mucho más que una simple redistribución de las competencias y funciones respectivamente asignadas a jueces y magistrados, por un lado, y secretarios judiciales, por otro. Supone el esperado complemento a la sustancial reforma de la organización judicial anunciada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ.

El libro pretende analizar los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2009 y la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, publicadas en el BOE con fecha 4 de noviembre, y dirigidas a la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Para ello, los autores enfocan su comentario, más que en el análisis pormenorizado de cada uno de los preceptos modificados, en el estudio sistemático y selectivo de las materias reformadas, consideradas globalmente, si bien ello sin perjuicio de considerar, con el máximo detenimiento, aquellos cambios que sí van a conllevar una alteración del procedimiento.

Esta monografía estudia los arbitrajes especiales que existen en nuestro Ordenamiento jurídico, comenzando con un análisis tanto del arbitraje, como de su regulación legal. Y resaltando las diferencias que existen entre el arbitraje ordinario, los arbitrajes especiales y el arbitraje ordinario con especialidades, incluyendo dentro de esta última categoría el arbitraje societario, el arbitraje en materia de propiedad horizontal y el arbitraje arrendaticio. Por otro lado, también se estudia el ámbito de aplicación de la Ley de Arbitraje y la exclusión experimentada por los arbitrajes laborales y administrativos.

Con más profundidad se analizan los arbitrajes de consumo en materia de propiedad industrial, en materia de propiedad intelectual, en materia de ordenación de los transportes, así como, el arbitraje testamentario, los arbitrajes que podrían denominarse seudo-administrativos y el arbitraje «on line».

La obra se complementa con apéndices legislativos, formularios y un índice jurisprudencial.

El autor proyecta su dilatada experiencia profesional como juez, abogado y catedrático de derecho procesal para ofrecer una visión de la problemática presente bajo un prisma crítico a la luz de sus propias dificultades y de los acontecimientos actuales que proporcionan un panorama preocupante a la vez que sorprendente, por el desconocimiento de las exigencias constitucionales y por la inseguridad jurídica del sistema, entendiendo que las claves se encuentran en las personas que se encargan de la Administración de justicia y especialmente del juez y del abogado, como principales protagonistas de los juicios.

Hace alusión a su planteamiento tradicional en la figura de Francisco Beceña, para detenerse después en la relación de la metodología de la sentencia con la formación de los jueces, porque en ellos está la clave. Añade consideraciones sobre el poder del Tribunal Supremo con verdaderas decisiones contra ley, para pasar en el capítulo de «La justicia invertebrada» a ofrecer el lamento de muchos juristas de pie por la situación. La falta de orientación y verdadero interés en su resolución. Luego relata algunos casos corrientes que acreditan cómo están las cosas, para terminar con la reseña de algunos acontecimientos forenses de la actualidad muy significativos.

Adaptado a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

La prueba de testigos ha sido admitida desde siempre, en todos los ordenamientos jurídicos, como un medio idóneo para convencer al juzgador sobre los hechos controvertidos en el proceso. Sin embargo, muchas han sido también las prevenciones por parte de la ley y de los jueces respecto a este medio probatorio, que han desembocado en una generalizada e injusta minusvaloración del mismo.

El aumento de litigiosidad es un fenómeno que preocupa a todos los estamentos sociales y especialmente a los operadores jurídicos que día a día son testigos del uso, en muchos casos innecesario, del proceso judicial. En la actualidad, se impulsa, cada vez de forma más clara, la búsqueda de alternativas al proceso, pero incluso, una vez iniciado éste, cabe la posibilidad de ponerle fin antes de llegar a una sentencia contradictoria. La herramienta es la recogida en el art. 414.1 LEC, cuando establece que una de las funciones de la audiencia previa es «intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso».

El libro recoge la recientísima modificación de la LEC de noviembre 2009, en la que se atribuye al Secretario Judicial la práctica de la conciliación cuando ésta es preprocesal pero se perpetúa la competencia del juez cuando se trata de la conciliación intraprocesal. En la obra se analizan las razones de esta política legislativa, y se valora la decisión del legislador.

Se pone fin a este manual de reforma procesal con estas líneas. Quienes han constituido el equipo de elaboración han pretendido ser lo más prácticos posible en aras de un mejor entendimiento de ese nuevo proceso judicial ante el que, desde mayo de 2010, nos hemos de enfrentar, como instrumento básico de ejercicio de una nueva Justicia, la que representan los vientos de una modernidad necesaria para una Administración perdida en el tiempo.

Hemos pretendido huir de enjundias y centrarnos en este primer volumen, en las cuestiones más esenciales del día a día, con la triple perspectiva de servir primero al aplicador (secretarios judiciales, jueces, funcionarios) segundo al profesional y al ciudadano, y por supuesto finalmente a la mejor gestión de las Administraciones llamadas a liderar el proceso de cambio, con el que es el paso necesario para que todo tenga un sentido, la Nueva Oficina Judicial.

Esta obra expone los fundamentos del Derecho procesal. El diseño constitucional de la jurisdicción (órganos, con la independencia judicial y el complejo sistema de sus garantías, y potestad exclusiva suya) precede a la exposición de la organización judicial, aspectos jurisdiccional y gubernativo, la oficina judicial que apoya su funcionamiento, el estatuto del personal jurisdiccional y el de otro personal que sirve a los tribunales o colabora con ellos. El derecho a la tutela judicial efectiva se trata con un eficaz resumen sistemático de la doctrina del Tribunal Constitucional. En los principios del proceso se distinguen los de naturaleza constitucional y otros que representan el núcleo de la ordenación de temas procesales básicos. El régimen común de los actos procesales (requisitos, ineficacia, clases) incluye el examen de las nuevas funciones del secretario judicial, actos en que se manifiestan e incidencia sobre los poderes de dirección del juez. Obra útil para universitarios y para profesionales del Derecho, que encontrarán una información sintética, pero ilustrativa, de la valoración constitucional de los principales temas procesales.

Nuevo título de la Colección de Códigos Básicos LA LEY que recoge las recientes novedades introducidas en las Leyes Procesales por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, por la que se modifica la LOPJ, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios y la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Quinta edición, revisada y actualizada, del libro ya clásico Esquemas Procesales Civiles del autor Manuel Rich Oliva. La puesta al día de esta nueva edición ha corrido a cargo de quien fuera discípulo suyo en la Escuela de Práctica Jurídica, Albert M. Santos.

En este libro se sistematizan y estructuran los procedimientos y trámites regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como no podía ser de otra forma, se han incluido todas las modificaciones y actualizaciones introducidas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Igualmente, se han tenido en cuentas los cambios producidos con la entrada en vigor de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de los procesos de desahucio.

Sin duda, el arbitraje de derecho privado, como alternativa a la solución judicial de los conflictos privados, es una institución que está de moda, aunque no se han cumplido las expectativas que muchos pusieron en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, ya que ni ha actuado como instrumento verdaderamente dinamizador del arbitraje interno ni ha contribuido realmente a convertir a España en un centro de referencia de arbitrajes internacionales.

Aunque se han dado pasos importantes, todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir ambos objetivos y en él tiene mucho que decir también la doctrina, cada vez más numerosa, que se preocupa de los temas arbitrales. Entre estos temas sigue ocupando un lugar relevante el de las relaciones entre arbitraje y jurisdicción, que siguen planteando abundantes interrogantes en el arbitraje interno y también en el internacional: se aspira a que el arbitraje vuele con alas propias, pero su desvinculación completa de la jurisdicción no parece posible. La tensión existente entre ambos, y el afán por lograr el equilibrio adecuado, hacen que el tema siga estando abierto a los estudiosos.