Incluye CDROM con Jurisprudencia

Quinta edición, revisada y puesta al día, de una obra de síntesis, en la que se estudian, resumen, extractan y ordenan las resoluciones más significativas que sobre la prueba penal ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este estudio se completa con un exhaustivo análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional y las necesarias referencias a las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado, dando así cumplida respuesta a las cuestiones más problemáticas que el tema de la prueba presenta diariamente en la práctica forense.

Ordenada por materias, comienza con el estudio de la presunción de inocencia, los problemas procesales que plantea su invocación y los temas afines, la prueba ilícita, su efecto reflejo y las cuestiones de índole procesal.

La detención es una medida limitativa de derechos que puede resultar legítima según en qué casos y circunstancias. El control sobre los eventuales abusos en la utilización de esta medida o en su ejecución, exige instrumentos expeditivos a disposición de los particulares afectados. Se precisa una rápida reacción de los órganos judiciales para poner fin a privaciones de libertad ilegítimas.

Esta es precisamente la finalidad del hábeas corpus, pues se trata de «una garantía procesal específica prevista por la Constitución para la protección del derecho fundamental a la libertad personal» (STC 154/1995). Su cognición limitada no permite, sin embargo, otro control judicial que el relativo a la regularidad o legalidad de la detención, sin más consecuencias que la terminación o modificación de la misma (SSTC 98/1896, 104/1990, 12/1994, 21/1996 y 86/1996).

Fines de las penas y modelos de articulación. El sistema de penas en el Código Penal español. La aplicación y determinación de la pena. Suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad. Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil derivada del delito. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. De las consecuencias accesorias. Arts. 127 a 129 CP. Cancelación de antecedentes penales. Arts. 136-137 CP. Ejecución de la pena de prisión.

La "delincuencia vial" (arts. 379 a 385 ter. del Código Penal) constituye uno de los ámbitos en los que se advierte con mayor nitidez la llamada "expansión del Derecho penal". El presente estudio monográfico examina, desde una perspectiva interdisciplinar, los delitos contra la seguridad vial.

Tras una exposición general de los ilícitos penales y, en base a la reciente reforma operada por la LO 5/2010, se aborda el estudio de sus aspectos procesales: las especialidades de los juicios rápidos en materia de seguridad vial; los problemas prácticos que plantean los tests de alcoholemia y de drogas; las presunciones, de difícil encaje constitucional, que incorporan los arts. 379.2 y 380.2 del Código Penal; la "sobreutilización" de la conformidad; y los problemas que caracterizan la ejecución penal, con especial referencia, desde un punto de vista criminológico, a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la asistencia a "cursos de reeducación vial", y el comiso del vehículo.

En el año 2005, se creó en el seno del Ministerio de Justicia una Sección especial de la Comisión General de Codificación cuya misión era elaborar un borrador de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Comisión no llegó a concluir sus trabajos habida cuenta los cambios producidos en la titularidad del Ministerio, si bien formuló una propuesta articulada que acogía los principales aspectos del procedimiento penal.

La obra que el lector tiene en sus manos constituye un instrumento idóneo para la práctica del proceso penal. Con una distribución basada en los diferentes tipos de procesos penales existentes en nuestro ordenamiento (proceso ordinario, proceso abreviado, proceso para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, juicio de faltas, proceso ante el tribunal del jurado y proceso de menores; además el procedimiento por delitos de injurias y calumnias contra particulares y el procedimiento de habeas corpus), se ofrecen al lector los escritos-formularios empleados en la tramitación de cada uno de ellos. Pero, además, van acompañados de una nota doctrinal práctica, necesaria, para la comprensión de aquéllos, de una nota legislativa y las referencias jurisprudenciales más actuales.

La reciente publicación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, hace necesaria la actualización de una de las partes de mayor trascendencia en el derecho pocesal, es decir, la relativa a la ejecutoria penal. En este fase se define y ejecuta lo ordenado por el juez y en la que ahora va a tener un papel preponderante la figura del secretario judicial, con la nueva configuración del modelo de la oficina judicial.

Como expresa el autor D. Carlos Vázquez Iruzubieta en su Prólogo, al mismo tiempo que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador ha encarado la reforma también amplia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiendo el mismo propósito que en las dos anteriormente citadas; esto es, la implantación de la Oficina Judicial y la generosa atribución de competencias a los Secretarios judiciales, verdaderos protagonistas, desde ahora, del impuso procesal adherido a una serie de trámites procesales que antes de esta reforma estaban en la Ley a cargo del Juez de Instrucción y del Tribunal de alzada y ahora de los Secretarios judiciales, aunque, hay que reconocerlo, a este respecto han dejado de ser actualizados numerosos artículos en los que debiera el legislador haber reformado el vetusto articulado adaptándolo a las nuevas normas relativas a la Oficina Judicial, que en esta Ley no aparecen en la medida que debieran, ello sin contar con que en algunos artículos a los que llegó esta reforma de 2009, aún deja leer párrafos en los que se multa con pesetas.

La polémica surgida recientemente en torno a las garantías del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, patentiza la importancia y actualidad del tema, del que el autor, Fiscal de profesión, nos ofrece su personal elaboración, fruto de una prolongada labor de investigación, unida a su experiencia práctica.

De forma sistemática expone la variada y compleja problemática jurídica que presenta la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, partiendo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. El concepto constitucional de correspondencia, los paquetes postales y la detección de su contenido, los requisitos de la resolución habilitante; los casos especiales de paquetes con etiqueta verde, de contenido identificado, etc.; el registro de equipajes y ordenadores; la intervención del correo electrónico y la entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos.

La obra pretende ofrecer una solución en lo que respecta al tratamiento que ha de recibir el error del autor en supuestos en los que el legislador omite algún aspecto concreto de la norma penal y remite a disposiciones jurídicas recogidas en otros sectores del ordenamiento, resultando el contenido de tales disposiciones necesario para conocer el supuesto de hecho típico. Se trata de una cuestión ampliamente abordada, muy controvertida, de enorme trascendencia práctica, sobre todo en el ámbito del Derecho penal accesorio, y que presenta un alto nivel de abstracción, lo que ha llevado a estructurar el trabajo en torno a una serie de casos particulares que constituyen su hilo conductor.

Cuando una persona ha cometido un delito castigado con pena de prisión el juez debe decidirse entre ejecutar esta pena o imponer una de las sanciones alternativas previstas en las leyes, como son la suspensión de la pena o la probation, esto es, el sometimiento a prueba de la persona en la comunidad.

Esta tarea judicial tiene una enorme repercusión; en la persona condenada, al estar en juego su libertad; en la sociedad, por su interés legítimo a que el condenado no vuelva a delinquir; y en la víctima, que tiene derecho a la reparación por el delito sufrido y sus consecuencias.

La reforma del Código Penal, por medio de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, en materia de seguridad vial, fue uno de esos hitos legislativos en los que el ciudadano percibe más que nunca la potencial peligrosidad de su conducta por el uso indebido de un instrumento tan familiar y diario como son los vehículos a motor.

Estar correctamente informados sobre el alcance y las consecuencias de esta reforma debe, además, interesar no sólo a los usuarios sino especialmente a los profesionales de los diferentes sectores sociales, económicos y jurídicos para los que, tanto la seguridad vial como su traducción penal, forman parte de su quehacer diario.

La ausencia de estudios doctrinales sobre las causas generales y su escaso tratamiento jurisprudencial hacen de éste un tema desconocido para muchos.

Esta obra pretende suplir esa carencia, tomando como premisa la trascendencia práctica y jurídica del fenómeno. Prueba de esto último es la íntima conexión existente entre las causas generales, los fines del proceso penal, sus principios inspiradores y los derechos y garantías que en él están en juego. En cuanto a la relevancia práctica del tema, basta la cita de algunos de los casos presentados ante la opinión pública o ante nuestros tribunales como causas generales («Juan Guerra», «Filesa», «Banesto» o el más reciente caso «Alierta») para avalar su importancia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal.

Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo.

Bajo el título La autonomía del Ministerio Fiscal en el proceso penal y la reforma de su Estatuto Orgánico, con el presente estudio se ha tratado, en primer lugar, de analizar y, esencialmente, concluir, si el Ministerio Fiscal, actualmente, desde el punto de vista de su estructura organizativa o de sus principios orgánicos, constitucionalmente consagrados y desarrollados en su Estatuto de 1981, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las funciones que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde cumplir tanto desde el punto de vista de los cometidos que a día de hoy le están atribuidos como desde el punto de vista de las funciones que en un futuro, más o menos inmediato, le puedan ser otorgadas.

El estudio de la obra se concreta en un detallado análisis de las medidas alternativas a la prisión que se contemplan en el Código Penal, desde la perspectiva práctica de sus autores, en virtud de su condición de magistrados pertenecientes a un órgano judicial del orden penal que debe asumir diariamente la función de hacer ejecutar las sentencias dictadas por los órganos judiciales.

Tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la sustitución presentan enormes dificultades en ocasiones, por no disponer de sistemas que garanticen el cumplimiento de las reales medidas complementarias a la suspensión; por ejemplo, en materia de programas formativos o de reeducación. Así, en muchas ocasiones se plasman en los textos penales acertadas medidas que luego se demuestran inoperantes en la práctica por la falta de mecanismos de desarrollo que permitan la exacta y correcta ejecución de lo acordado por el juez penal. En este sentido, es preciso trabajar en disposiciones o medidas de desarrollo que permitan la correcta ejecución en virtud de protocolos de actuación coordinada entre las distintas Administraciones.

En el Capítulo IV del Título III del Libro III, de la LEC, dedicado a la oposición a la ejecución y a la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo, el legislador ha concretado determinados motivos o causas de oposición y de impugnación, y ha establecido diversos cauces procesales para que las partes de la ejecución puedan alegar o denunciar la concurrencia de dichos motivos o causas que, de ser estimados, determinarán la ilicitud de la ejecución en su conjunto o de una actividad ejecutiva concreta. La obra recoge el estudio de la doctrina científica publicada sobre la materia y un análisis detallado y exhaustivo de más de 900 resoluciones jurisprudenciales pronunciadas durante estos cinco primeros años de vigencia de la LEC.

La obra recoge el estudio de la doctrina científica publicada sobre la materia y un análisis detallado y exhaustivo de más de 900 resoluciones jurisprudenciales pronunciadas durante estos cinco primeros años de vigencia de la LEC.