El modelo de Administración y de actividad administrativa que nuestro ordenamiento jurídico diseña y garantiza, supone la sujeción del empleado público a imperativos legales en un entorno de buena administración. Oganización pública a la que el empleado contribuye y alimenta, pero de la que también se nutre y le permite un adecuado desempeño de su función.

En este contexto la idea de responsabilidad resulta esencial, teniendo presente que la responsabilidad de los empleados públicos se asienta, principalmente, sobre el marco de obligaciones que esta obra procede a diferenciar y analizar en función de su alcance:

• Obligaciones generales en el ejercicio de la función pública encomendada.
• Obligaciones más específicas vinculadas a las formas y reglas del procedimiento administrativo.

Este listado de obligaciones no es más que la cristalización positiva de la necesidad de reglar comportamientos para una legal y democrática atención al interés general que se modulará o concretará en función del ámbito o actividad que se trate.

Con dictar leyes no basta. Muchas veces es también preciso que la Administración actúe.

La Constitución exige un total sometimiento de la Administración al Derecho y el control judicial plenario de su actuación, pero no siempre es fácil lograr que una Administración inactiva cumpla los deberes de obrar que le imponen las leyes.

Esta nueva edición del más completo estudio jurídico sobre la inactividad administrativa publicado hasta la fecha analiza las formas de este tipo de mala administración y revela las claves normativas y jurídicas, históricas y vigentes, que permiten controlarla y reducirla.

El estudio de los recursos administrativos no ha merecido el interés que presenta su enorme potencialidad jurídica, ya que constituyen un instrumento que permite a la Administración la anulación o reforma de actos, en principio, inmodificables. Además, su utilidad es inversamente proporcional a la efectividad de la Jurisdicción contencioso-administrativa y ésta presenta caracteres que la hacen inviable en infinidad de supuestos, y, en todo caso, su utilización es cara, lenta, aleatoria y no es usual el cumplimiento efectivo de las sentencias estimatorias.

Los recursos administrativos realizan una triple función en nuestro ordenamiento: la de garantía de los administrados; la de instrumento de fiscalización interna de la Administración y la de medio de «administrativización» de relaciones jurídicas entre particulares.

Fernando García Rubio aborda el estudio del procedimiento administrativo como un elemento central del accionar de nuestra Administración pública.

A tal efecto realiza un análisis y estudio del procedimiento administrativo común como institución jurídica, como elemento previo diferenciador de la totalidad de los procedimientos administrativos, para posteriormente ir abordando los diversos tipos de procedimientos de especial incidencia en la actividad de los particulares.

Esta obra pretedende, fundamentalmente, facilitar a los denominados operadores jurídicos (abogados, funcionarios, políticos, etc.) su labor, La LEF supuso un hito histórico en nuestro sistema jurídico. La Ley. pretendió establecer un solo procedimiento común de expropiación forzosa y, con la intención de evitar que se regulara fuera de su texto normativo procedimientos especiales, acogió las singularidades que las necesidades del momento histórico exigían. No obstante, el tiempo transcurrido desde su aprobación, y especialmente el régimen de garantías jurídicas ofrecida al ciudadano por la CE, especialmente en sus artículos 24 y 106.1, la LRJPAC y la LJCA, exigen una reinterpretación de la institución tal y como fue configura en la LEF.

Ya no tiene sentido arriesgar en la tramitación de un expediente con la Administración. Los Formularios prácticos Administrativo-Contencioso Administrativo 2011 le ofrecen al instante todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos administrativos, así como los relativos al proceso contencioso administrativo.

Incluye CD con la jurisprudencia a texto completo

Esta obra contiene el texto de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El texto de la ley, acompañado de anotaciones y concordancias, se encuentra actualizado a septiembre de 2010, incorporando así las últimas modificaciones normativas llevadas a cabo.

El volumen incorpora también la jurisprudencia más relevante de los Tribunales referida a cada uno de los artículos de la Ley y actualizada al año 2010. Esta obra, incorporando el texto de la ley y una selección de la jurisprudencia que la interpreta, constituye una herramienta imprescindible para tener un completo y rápido conocimiento de una de las más importantes normas de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta obra se estudian los diversos problemas que surgen en las actuaciones inspectoras que desarrollan las autoridades de competencia tanto comunitarias como nacionales, que se han configurado como uno de los mecanismos más eficaces en la lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia, especialmente los cárteles.

El autor centra su análisis en el régimen jurídico específico de la inspección en el Derecho de la Competencia, en el que no sólo se abordan las facultades que la legislación atribuye a las autoridades de competencia de cara a desarrollar eficazmente la inspección, sino que se examinan detenidamente los derechos y deberes que tienen los sujetos afectados por este tipo de actuaciones. Por todo ello constituye un estudio detallado de todas las cuestiones, sin rehuir las más controvertidas, que afectan a un aspecto de tanta relevancia en el actual Derecho de la Competencia.

El Derecho Administrativo sancionador español es (en gran medida) un derecho elaborado por los jueces , por varias razones: por un lado, el constituyente y el legislador ordinario (Ley 30/1992) sólo han consagrado unos principios y reglas tan generales que su contenido y alcance lo ha debido fijar la jurisprudencia y, por otro, en la infinidad de leyes sectoriales con infracciones y sanciones, el legislador ha establecido regímenes tan apegados a lo concreto y tan fragmentarios que deja enormes vacíos que los jueces se han visto obligados a colmar. Como esa amalgama de infinidad de normas sancionadoras estatales, autonómicas y hasta locales está lejos de formar un conjunto coherente y armonioso, es la jurisprudencia (junto con la doctrina) la que viene dándoles estructura y un sentido unitario.

El autor de las cuatro ediciones del exitoso libro "Formularios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" sobre la Ley 29/1998, de 13 de julio; nos presenta ahora una nueva compilación de formularios, esta vez, sobre la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Un apoyo muy práctico y preciso tanto para quienes desarrollan su trabajo en este ámbito jurisdicional como para todos los ciudadanos que entablen relaciones con las Administraciones Públicas en procedimientos generales regulados por la conocida Ley 30/92.

El esquema del libro reproduce el articulado de esta norma con más de 120 modelos de formularios que el autor propone como guía práctica e indicativa.

La obra supone una determinación absolutamente necesaria de los procedimientos de adjudicación. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicación desde los puntos de vista de la Administración y de los licitadores.

Se analizan de forma pormenorizada en la segunda edición de esta obra el recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas, con detalladas referencias jurisprudenciales a través de las que se destacan los aspectos más polémicos, controvertidos y que mayores cuestiones han suscitado.

La obra se estructura en dos bloques, dedicándose el primero de ellos al análisis del recurso de reposición, en tanto que el segundo se reserva para el examen de las reclamaciones económico-administrativas.

La pujanza de la inadmisión en el escenario procedimental administrativo es fiel reflejo de sus bondades como fórmula para despachar cuanto antes las solicitudes cuyo estudio de fondo resulte inviable por la ausencia de ciertos presupuestos, o abocado casi seguramente a la desestimación en razón de lo pedido. Sin embargo, la recepción de esta categoría de origen procesal esconde tras de sí una importación poco meditada en la que no se ha reparado cabalmente en la vertiente más comprometida de la inadmisión.

La difícil trayectoria de esta figura en el mundo procesal y su delicada articulación con el derecho a la tutela judicial efectiva advierten de sus peligros y de la conveniencia de un manejo prudente y comedido de este instrumento. Sólo contando con un conocimiento completo de las ventajas e inconvenientes de la inadmisión se estará en grado de captar su esencia. Y es éste el paso fundamental para abordar, armónicamente, su inserción en el marco singular de los procedimientos administrativos, cuya trama aparece gobernada por una estructura y funcionalidad específicas, no siempre acordes con la voluntad de agilizar el despacho temprano de las solicitudes.

Dentro del amplio elenco de tratados y estudios sobre el régimen administrativo español y sus normas de referencia, la presente obra, que alcanza ya su cuarta edición, compendia la reflexión teórica en profundidad sobre las principales instituciones del Derecho público con el comentario práctico y la glosa jurisprudencial de la praxis administrativa cotidiana.

De este modo, se ha convertido en un referente ineludible, avalado por su ya larga serie de ediciones, tanto del estudio como de la aplicación de la Ley que contiene las normas fundamentales del Derecho administrativo. Los autores son todos ellos abogados del Estado con prolongada experiencia profesional en la Administración y los Tribunales de Justicia.

Obra eminentemente práctica. Ofrece la normativa Estatal, de las CCAA, y municipal sobre la materia, comentada por el autor y acompañada de 1.500 sentencias seleccionadas ( a texto íntegro en el CD-ROM adicional que se vende aparte) del Tribunal Supremo, AN y T.S.J. de todas las CCAA, y que informa de manera completa sobre el tratamiento dado por los tribunales a la amplia casuística sobre licencias y concesiones municipales hasta la fecha.

Modelos de Formularios relativos a los distintos tipos de licencias y actuaciones administrativas.

¿Qué trámites debe seguir mi Ayuntamiento para cada expediente? ¿A qué órgano corresponde la aprobación? ¿Qué derechos otorga al ciudadano el silencio de la Administración? ¿Cuál es la normativa aplicable a cada procedimiento? ¿Cómo se inicia un expediente de oficio, cómo se redacta un recurso que ha de presentar el Ayuntamiento? ¿Cuál debe ser el texto de un Convenio? ¿Y un pliego de condiciones para la contratación?

Éstas y otras muchas cuestiones se resuelven de forma clara y sencilla en este Manual que, confeccionado a la luz de la dilatada experiencia profesional de su autor, se ha convertido en una obra de referencia obligada en el ámbito municipal.

UNED TEXTOS BÁSICOS RECOMENDADO CARRERA DERECHO CURSO 2009-2010

La bibliografía española en la materia objeto de este trabajo se caracteriza por su cantidad y calidad. No en balde, es nue tro ordenamiento jurídico uno de lo primeros en que se instauró una legislación específica sobre procedimiento administrativo. Por ello, la razón de este trabajo no es la de haber apreciado algún déficit en los libros que circulan entre nosotro , ni la de hacer aportaciones novedosa , sino que responde a la exigencia de facilitar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia un breve y sencillo manual que les irva para iniciarse en la práctica del procedimiento, los actos y los recursos administrativos.

NUEVA EDICION TOTALMENTE ACTUALIZADA

Concordancias, comentarios y jurisprudencia

Índice

La obra contiene el texto completo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debidamente concordada y anotada, así como las siguientes normas complementarias:

• 1. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

• 2. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Como en anteriores ocasiones la uneva edición no ha sido una iniciativa nuestra, sino que nos la ha impuesto la insistente petición de nuestros lectores.

Por ello la presente obra se encuentra adaptada al texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y al Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

En el CD-ROM que acompaña al libro encontrara un apéndice legislativo, hemos incluido también una selección de las consultas publicadas en la revista El Consultor en materia de Presupuestos y Contabilidad, así como una selección de la bibliografía principal.

Tratamiento de los Formularios de la Administración Local acompañados de comentarios de autor, y concordados con Normativa y Jurisprudencia.

Se incluyen, además, Formularios específicos de las CC.AA. y de los Entes Locales.

Formularios de Contratación, adaptados a la nueva Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

Este libro tiene su razón de ser en la necesidad de encontrar lo necesario al instante, porque el tiempo casi ya no existe para el estudio de los profesionales, funcionarios y técnicos, que tienen que ventilar cuestiones que se suceden unas a otras en una superposición interminable, porque la realidad exige dar respuesta a todo ello.

Y esa respuesta tiene que ser de inmediato, todos nos acordamos de cuando nos piden cosas, soluciones, informes, propuestas, para ayer, y como eso no es posible, y tampoco es admisible una respuesta que permita el informe dentro de 30 días, se tiene que compaginar con una respuesta en el procedimiento, en que muchas partes del mismo tengan respuestas predeterminadas.