Tomando como punto de partida el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aglutina en un solo texto los profusos y profundos cambios operados en el campo de la contratación pública, y desde una óptica eminentemente práctica, la presente obra se presenta como una herramienta útil que permite abordar el conocimiento de la norma, disponiendo de una forma sistemática tanto de las referencias a sus precedentes legislativos (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) y sus posteriores desarrollos reglamentarios (el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la parte que se mantiene vigente, y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), como de los distintos criterios interpretativos que sobre cada uno de los artículos han ido elaborando las distintas instituciones con competencia en su aplicación e interpretación: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos, Juntas Consultivas de Contratación, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Tribunales Administrativos de Contratos Públicos, Abogacía del Estado e Intervención General del Estado, entre otros. Se presenta como un texto ágil, ordenado, completo y sistemático que permite de forma sencilla abordar cada artículo, su evolución e interpretación, facilitando la aplicación del mismo al caso concreto, convirtiéndose así en una herramienta útil y muy práctica en el campo de la contratación administrativa, tanto desde la perspectiva del sector público como desde la del sector privado.

Desde enero de 2005, en que apareció la cuarta edición de esta obra hasta hoy, han sucedido muchas cosas en el Derecho Administrativo Sancionador español: se han reformado algunos extremos concretos de la legislación sectorial, se han dictado sentencias importantes y, sobre todo, las aportaciones doctrinales han progresado tanto en cantidad y calidad que ya se puede afirmar que contamos con un cuerpo teórico maduro.

El Derecho Administrativo Sancionador ha alcanzado, al fin entre nosotros, la mayoría de edad, a pesar de la carencia de una legislación estatal general. Los tribunales —desde los Superiores Autonómicos al Constitucional, pasando por el Supremo y la Audiencia Nacional—, al hilo de una casuística frondosa, han producido una jurisprudencia más bien conservadora pero cada vez más afinada técnicamente y que ha cubierto casi todas las lagunas normativas, aunque sin ambición sistemática alguna.

El modelo de Administración y de actividad administrativa que nuestro ordenamiento jurídico diseña y garantiza, supone la sujeción del empleado público a imperativos legales en un entorno de buena administración. Oganización pública a la que el empleado contribuye y alimenta, pero de la que también se nutre y le permite un adecuado desempeño de su función.

En este contexto la idea de responsabilidad resulta esencial, teniendo presente que la responsabilidad de los empleados públicos se asienta, principalmente, sobre el marco de obligaciones que esta obra procede a diferenciar y analizar en función de su alcance:

• Obligaciones generales en el ejercicio de la función pública encomendada.
• Obligaciones más específicas vinculadas a las formas y reglas del procedimiento administrativo.

Este listado de obligaciones no es más que la cristalización positiva de la necesidad de reglar comportamientos para una legal y democrática atención al interés general que se modulará o concretará en función del ámbito o actividad que se trate.

Con dictar leyes no basta. Muchas veces es también preciso que la Administración actúe.

La Constitución exige un total sometimiento de la Administración al Derecho y el control judicial plenario de su actuación, pero no siempre es fácil lograr que una Administración inactiva cumpla los deberes de obrar que le imponen las leyes.

Esta nueva edición del más completo estudio jurídico sobre la inactividad administrativa publicado hasta la fecha analiza las formas de este tipo de mala administración y revela las claves normativas y jurídicas, históricas y vigentes, que permiten controlarla y reducirla.

El estudio de los recursos administrativos no ha merecido el interés que presenta su enorme potencialidad jurídica, ya que constituyen un instrumento que permite a la Administración la anulación o reforma de actos, en principio, inmodificables. Además, su utilidad es inversamente proporcional a la efectividad de la Jurisdicción contencioso-administrativa y ésta presenta caracteres que la hacen inviable en infinidad de supuestos, y, en todo caso, su utilización es cara, lenta, aleatoria y no es usual el cumplimiento efectivo de las sentencias estimatorias.

Los recursos administrativos realizan una triple función en nuestro ordenamiento: la de garantía de los administrados; la de instrumento de fiscalización interna de la Administración y la de medio de «administrativización» de relaciones jurídicas entre particulares.

Fernando García Rubio aborda el estudio del procedimiento administrativo como un elemento central del accionar de nuestra Administración pública.

A tal efecto realiza un análisis y estudio del procedimiento administrativo común como institución jurídica, como elemento previo diferenciador de la totalidad de los procedimientos administrativos, para posteriormente ir abordando los diversos tipos de procedimientos de especial incidencia en la actividad de los particulares.

Esta obra pretedende, fundamentalmente, facilitar a los denominados operadores jurídicos (abogados, funcionarios, políticos, etc.) su labor, La LEF supuso un hito histórico en nuestro sistema jurídico. La Ley. pretendió establecer un solo procedimiento común de expropiación forzosa y, con la intención de evitar que se regulara fuera de su texto normativo procedimientos especiales, acogió las singularidades que las necesidades del momento histórico exigían. No obstante, el tiempo transcurrido desde su aprobación, y especialmente el régimen de garantías jurídicas ofrecida al ciudadano por la CE, especialmente en sus artículos 24 y 106.1, la LRJPAC y la LJCA, exigen una reinterpretación de la institución tal y como fue configura en la LEF.

Ya no tiene sentido arriesgar en la tramitación de un expediente con la Administración. Los Formularios prácticos Administrativo-Contencioso Administrativo 2011 le ofrecen al instante todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos administrativos, así como los relativos al proceso contencioso administrativo.

Incluye CD con la jurisprudencia a texto completo

Esta obra contiene el texto de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El texto de la ley, acompañado de anotaciones y concordancias, se encuentra actualizado a septiembre de 2010, incorporando así las últimas modificaciones normativas llevadas a cabo.

El volumen incorpora también la jurisprudencia más relevante de los Tribunales referida a cada uno de los artículos de la Ley y actualizada al año 2010. Esta obra, incorporando el texto de la ley y una selección de la jurisprudencia que la interpreta, constituye una herramienta imprescindible para tener un completo y rápido conocimiento de una de las más importantes normas de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta obra se estudian los diversos problemas que surgen en las actuaciones inspectoras que desarrollan las autoridades de competencia tanto comunitarias como nacionales, que se han configurado como uno de los mecanismos más eficaces en la lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia, especialmente los cárteles.

El autor centra su análisis en el régimen jurídico específico de la inspección en el Derecho de la Competencia, en el que no sólo se abordan las facultades que la legislación atribuye a las autoridades de competencia de cara a desarrollar eficazmente la inspección, sino que se examinan detenidamente los derechos y deberes que tienen los sujetos afectados por este tipo de actuaciones. Por todo ello constituye un estudio detallado de todas las cuestiones, sin rehuir las más controvertidas, que afectan a un aspecto de tanta relevancia en el actual Derecho de la Competencia.

El Derecho Administrativo sancionador español es (en gran medida) un derecho elaborado por los jueces , por varias razones: por un lado, el constituyente y el legislador ordinario (Ley 30/1992) sólo han consagrado unos principios y reglas tan generales que su contenido y alcance lo ha debido fijar la jurisprudencia y, por otro, en la infinidad de leyes sectoriales con infracciones y sanciones, el legislador ha establecido regímenes tan apegados a lo concreto y tan fragmentarios que deja enormes vacíos que los jueces se han visto obligados a colmar. Como esa amalgama de infinidad de normas sancionadoras estatales, autonómicas y hasta locales está lejos de formar un conjunto coherente y armonioso, es la jurisprudencia (junto con la doctrina) la que viene dándoles estructura y un sentido unitario.

El autor de las cuatro ediciones del exitoso libro "Formularios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" sobre la Ley 29/1998, de 13 de julio; nos presenta ahora una nueva compilación de formularios, esta vez, sobre la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Un apoyo muy práctico y preciso tanto para quienes desarrollan su trabajo en este ámbito jurisdicional como para todos los ciudadanos que entablen relaciones con las Administraciones Públicas en procedimientos generales regulados por la conocida Ley 30/92.

El esquema del libro reproduce el articulado de esta norma con más de 120 modelos de formularios que el autor propone como guía práctica e indicativa.

La obra supone una determinación absolutamente necesaria de los procedimientos de adjudicación. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicación desde los puntos de vista de la Administración y de los licitadores.

Se analizan de forma pormenorizada en la segunda edición de esta obra el recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas, con detalladas referencias jurisprudenciales a través de las que se destacan los aspectos más polémicos, controvertidos y que mayores cuestiones han suscitado.

La obra se estructura en dos bloques, dedicándose el primero de ellos al análisis del recurso de reposición, en tanto que el segundo se reserva para el examen de las reclamaciones económico-administrativas.

La pujanza de la inadmisión en el escenario procedimental administrativo es fiel reflejo de sus bondades como fórmula para despachar cuanto antes las solicitudes cuyo estudio de fondo resulte inviable por la ausencia de ciertos presupuestos, o abocado casi seguramente a la desestimación en razón de lo pedido. Sin embargo, la recepción de esta categoría de origen procesal esconde tras de sí una importación poco meditada en la que no se ha reparado cabalmente en la vertiente más comprometida de la inadmisión.

La difícil trayectoria de esta figura en el mundo procesal y su delicada articulación con el derecho a la tutela judicial efectiva advierten de sus peligros y de la conveniencia de un manejo prudente y comedido de este instrumento. Sólo contando con un conocimiento completo de las ventajas e inconvenientes de la inadmisión se estará en grado de captar su esencia. Y es éste el paso fundamental para abordar, armónicamente, su inserción en el marco singular de los procedimientos administrativos, cuya trama aparece gobernada por una estructura y funcionalidad específicas, no siempre acordes con la voluntad de agilizar el despacho temprano de las solicitudes.

Dentro del amplio elenco de tratados y estudios sobre el régimen administrativo español y sus normas de referencia, la presente obra, que alcanza ya su cuarta edición, compendia la reflexión teórica en profundidad sobre las principales instituciones del Derecho público con el comentario práctico y la glosa jurisprudencial de la praxis administrativa cotidiana.

De este modo, se ha convertido en un referente ineludible, avalado por su ya larga serie de ediciones, tanto del estudio como de la aplicación de la Ley que contiene las normas fundamentales del Derecho administrativo. Los autores son todos ellos abogados del Estado con prolongada experiencia profesional en la Administración y los Tribunales de Justicia.

Obra eminentemente práctica. Ofrece la normativa Estatal, de las CCAA, y municipal sobre la materia, comentada por el autor y acompañada de 1.500 sentencias seleccionadas ( a texto íntegro en el CD-ROM adicional que se vende aparte) del Tribunal Supremo, AN y T.S.J. de todas las CCAA, y que informa de manera completa sobre el tratamiento dado por los tribunales a la amplia casuística sobre licencias y concesiones municipales hasta la fecha.

Modelos de Formularios relativos a los distintos tipos de licencias y actuaciones administrativas.

¿Qué trámites debe seguir mi Ayuntamiento para cada expediente? ¿A qué órgano corresponde la aprobación? ¿Qué derechos otorga al ciudadano el silencio de la Administración? ¿Cuál es la normativa aplicable a cada procedimiento? ¿Cómo se inicia un expediente de oficio, cómo se redacta un recurso que ha de presentar el Ayuntamiento? ¿Cuál debe ser el texto de un Convenio? ¿Y un pliego de condiciones para la contratación?

Éstas y otras muchas cuestiones se resuelven de forma clara y sencilla en este Manual que, confeccionado a la luz de la dilatada experiencia profesional de su autor, se ha convertido en una obra de referencia obligada en el ámbito municipal.

UNED TEXTOS BÁSICOS RECOMENDADO CARRERA DERECHO CURSO 2009-2010

La bibliografía española en la materia objeto de este trabajo se caracteriza por su cantidad y calidad. No en balde, es nue tro ordenamiento jurídico uno de lo primeros en que se instauró una legislación específica sobre procedimiento administrativo. Por ello, la razón de este trabajo no es la de haber apreciado algún déficit en los libros que circulan entre nosotro , ni la de hacer aportaciones novedosa , sino que responde a la exigencia de facilitar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia un breve y sencillo manual que les irva para iniciarse en la práctica del procedimiento, los actos y los recursos administrativos.

NUEVA EDICION TOTALMENTE ACTUALIZADA

Concordancias, comentarios y jurisprudencia

Índice

La obra contiene el texto completo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debidamente concordada y anotada, así como las siguientes normas complementarias:

• 1. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

• 2. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.