Constituye novedosa incursión en el Derecho administrativo que rodea la estética urbana de nuestras ciudades. El papel de la intervención de las Administraciones Públicas sobre la ciudad no sólo es definitivo porque determine su organización, infraestructura o usos urbanísticos, sino también porque cada vez es más intenso en la definición de su belleza, de lo que cada ciudad quiere para sí en un plano puramente estético aunque con repercusiones múltiples que la superan: económicas, turísticas, patrimoniales, medioambientales o artísticas.

De acuerdo con los últimos datos publicados, las tasas se han convertido en una fuente muy relevante de ingresos. Esta relevancia viene acompañada de una no menos importante litigiosidad.

La regulación de las tasas locales es uno de los ámbitos del ordenamiento financiero español donde se han experimentado durante los últimos años mayores modificaciones legislativas en muchas ocasiones a impulso de la jurisprudencia.

Adaptada nuevo Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre

La primera parte, analiza los fundamentos y conceptos básicos de la actividad del control interno municipal, con amplio apoyo doctrinal, con las tareas que requieren la propia gestión de los servicios locales.

El siguiente apartado comenta el Presupuesto y la Contabilidad Local, como herramientas o elementos básicos con los que trabaja habitualmente la Intervención Municipal. Las otras herramientas que se analizan, son las propias de la actividad de supervisión, en la que se centra el Interventor Local, como son la función Interventora o de Fiscalización previa, acto por acto, y expediente por expediente; y las de Control Financiero o Auditoria, sobre actuaciones ya realizadas.

Con la entrada en vigor de la Ley de ordenación de la edificación coexisten dos regímenes jurídicos diversos para exigir la reparación de los defectos constructivos que puedan producirse en un edificio y los daños que dichos defectos hubieran podido ocasionar.

Para determinar el régimen jurídico aplicable a tal reclamación, la propia Ley de ordenación de la edificación establece que deberá acudirse a la fecha de solicitud de la licencia de obra correspondiente, de tal modo que si ésta es posterior a la entrada en vigor de la Ley, que fue el día 6 de mayo de 2000, el régimen jurídico aplicable a dicha construcción será el contenido en la propia Ley.

Incluye contenidos complementarios on-line

La finaciación local es, sin duda, una de las cuestiones que está generando mayor controversia en el ámbito de la Administración pública, dada la asfixia económica a la que se están viendo sometidos los ayuntamientos desde el inicio de la crisis económica.

La Ley 48/2002 reguladora del Catastro Inmobiliario creó por vez primera "a los solos efectos catastrales" una tercera categoría de bienes inmuebles con la denominación de BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES), que se unía a las dos ya existentes (bienes rústicos y urbanos).

El modelo de Administración y de actividad administrativa que nuestro ordenamiento jurídico diseña y garantiza, supone la sujeción del empleado público a imperativos legales en un entorno de buena administración. Oganización pública a la que el empleado contribuye y alimenta, pero de la que también se nutre y le permite un adecuado desempeño de su función.

En este contexto la idea de responsabilidad resulta esencial, teniendo presente que la responsabilidad de los empleados públicos se asienta, principalmente, sobre el marco de obligaciones que esta obra procede a diferenciar y analizar en función de su alcance:

• Obligaciones generales en el ejercicio de la función pública encomendada.
• Obligaciones más específicas vinculadas a las formas y reglas del procedimiento administrativo.

Este listado de obligaciones no es más que la cristalización positiva de la necesidad de reglar comportamientos para una legal y democrática atención al interés general que se modulará o concretará en función del ámbito o actividad que se trate.

El ocaso de la construcción y su reflejo en el paro y en la galopante crisis económica, va a provocar seguramente la decadencia de la institución y funcionamiento de los PMS y especialmente de la fuente de patrimonio y dinero que la construcción generó, rematado todo ello por la limitación de la demanda y el reintegro de viviendas a los Bancos y Cajas como consecuencia del impago de las hipotecas.

En el libro se estudian los antecedentes en la medida en que para conocer una institución es necesario saber lo que ha sido y lo que tiende a ser, pero especialmente porque la LS76 constituye hoy, todavía, derecho vigente aunque sea supletorio y el TRLS92 constituye el precedente y modelo seguido por las CC.AA. al asumir las competencias en la materia.

Las disparidades en la regulación entre CC.AA. no son por lo general sustanciales, sino todo lo contrario. Finalidades, Reservas, Expropiaciones, Derechos de tanteo y retracto, modos de adquisición y enajenación, salvo alguna excepción reflejan matices más que regulaciones sustancialmente distintas, que facilitan su exposición y estudio.

Nació «El Procedimiento Abreviado en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», junto con la Ley 29/1998 que lo creaba y pretendió desde el principio ser un libro de reflexión y ayuda tanto para los profesionales de la especialidad, como para los que se enfrentaban por primera vez con este novedoso procedimiento. De ahí que fuese necesaria una segunda edición que adaptase el libro a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria y que ahora sea también necesario presentar una tercera edición que actualice la obra y adecue los contenidos de la misma a las últimas reformas procesales y de forma ineludible a la Nueva Oficina Judicial, donde los protagonistas del proceso van a ser en mayor medida los Servicios comunes de tramitación y ejecución.

El presente volumen, que ha cumplido ya más de 10 años, recoge la normativa básica del Derecho Administrativo, actualizada y profusamente anotada por el Prof. LUIS MARTÍN REBOLLO, Catedrático de Derecho Administrativo.

La recopilación, que se completa con un Índice analítico y otro cronológico, comprende 70 parágrafos (y el texto de casi 100 normas) agrupados en 8 grandes bloques temáticos:

• I. Constitución y Tribunal Constitucional.
• II. Unión Europea.
• III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
• IV. Garantías del Ciudadano y Control de la Administración.
• V. Empleo Público.
• VI. Propiedades Públicas.
• VII. Expropiación Forzosa.
• VIII. Actividad administrativa.

Con dictar leyes no basta. Muchas veces es también preciso que la Administración actúe.

La Constitución exige un total sometimiento de la Administración al Derecho y el control judicial plenario de su actuación, pero no siempre es fácil lograr que una Administración inactiva cumpla los deberes de obrar que le imponen las leyes.

Esta nueva edición del más completo estudio jurídico sobre la inactividad administrativa publicado hasta la fecha analiza las formas de este tipo de mala administración y revela las claves normativas y jurídicas, históricas y vigentes, que permiten controlarla y reducirla.

Es opinión, hoy mayoritaria, que las Administraciones públicas españolas necesitan contar con un personal directivo sujeto a un régimen jurídico profesional en tanto que factor decisivo para su modernización. Así lo reconoce y prevé el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), como también algunas leyes autonómicas ya aprobadas (Ley valenciana 10/2010, de 9 de julio y Ley castellano-manchega 4/2011, de 10 de marzo), o a punto de serlo.

Sin embargo, dicho entendimiento y esta previsión están lejos de haberse materializado. Los legisladores y ejecutivos (estatal, autonómico y local), a pesar de la «puerta abierta» a la profesionalización por el EBEP, continúan aferrados, en general, al modelo directivo de spoil system cerrado anterior. Un modelo que descansa sobre la confianza (personal o de partido) que el titular del órgano superior y político otorga discrecionalmente («a dedo») en favor, las más de las veces, de un alto funcionario.

El urbanismo es una realidad de consecuencias sociales y económicas evidentes. En nuestra cultura jurídica el urbanismo se configura como una función pública, cuyo papel estelar está reservado a los Planes urbanísticos.

Los Planes urbanísticos regulan algo tan presente en nuestra vida como es el escenario en que ésta se desenvuelve: nuestros pueblos y ciudades. Disciplinan la ciudad presente y la futura y establecen los mecanismos de conservación y protección de la ciudad histórica.

Incluye CDROM con jurisprudencia

LAS SANCIONES DE TRAFICO

Se ofrece por primera vez en nuestro Derecho un estudio completo y totalmente actualizado de las sanciones de tráfico.

Un verdadero Tratado sobre el tema en el que se analizan detenidamente los antecedentes históricos en la materia, sus exigencias constitucionales, las clases de infracciones y sanciones, el procedimiento que ha de seguirse para su imposición, las causas de extinción de la responsabilidad y el control judicial de las sanciones.

Esta obra, en el marco concreto de las licencias urbanísticas, aspira a ser una herramienta útil para todos aquellos operadores jurídicos que pretendan servir a la sociedad con respeto a la Ley y al Derecho, desde las propias Entidades Locales (tanto sus responsables políticos, como los recursos humanos al servicio de dichas Entidades Locales) y es nuestro deseo que sea útil, también, para los operadores jurídicos que defienden los intereses legítimos de los administrados ante las Administraciones municipales.

Se dedica una especial atención al silencio administrativo incluidas las novedades del RDL 8/2011.

Pequeñas dimensiónes: 12 X 16,5

Nueva edición revisada y aumentada del ya clásico Manual de Tomás-Ramón Fernández, explicativo de los fundamentos del Derecho Urbanístico, indispensable para quienes se inician en el estudio del Urbanismo o asumen responsabilidades en este campo por vez primera.

En el ámbito estatal se han producido novedades de importancia, desde las trasposición de la Directiva de Servicios 123/2006 por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, hasta la novísima Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que ha añadido a la Ley de Bases del Régimen Local dos artículos (84bis y 84ter) y ha emplazado al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales para adaptar sus normas relativas a las licencias a los principios establecidos por la citada Directiva, amén de introducir una nueva regulación de las actividades de rehabilitación y renovación para asegurar la sostenibilidad del medio urbano.

La obra Memento Expropiación Forzosa – Patrimonios Públicos 2011-2012, analiza exhaustivamente tanto la figura de la potestad expropiatoria y los procedimientos de expropiación forzosa como las propiedades especiales, dominio público y, en general, patrimonio de las Administraciones públicas, desde los diferentes puntos de vistas de los agentes implicados.

Presentamos la octava edición de la obra actualizada a las últimas reformas legislativas:

• Ley 13/2009 de 3 de noviembre (implantación de la Oficinajudicial), que aparte de incorporar las nuevas tecnologías en la actuación oral (arts. 63 Y 78, entre otros de la nueva Ley jurisdiccional), introduce significativas medidas en materia de recursos (v. gr. posibilidad de recursos contra determinadas resoluciones de los Secretarios judiciales).

• Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modifica la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley jurisdiccional, introduciendo el recurso especial en materia de contratos públicos y creando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, «órgano especializado que actuará con plena independencia funcional», contra cuyas resoluciones cabe el referido recurso contencioso-administrativo especial.

• Ley 2/2011, de 4' de marzo, de Economía Sostenible, cuya disposición final cuadragésimo tercera incorpora un nuevo art. 122 bis a la Ley jurisdiccional, en el que se regulan dos procedimientos encaminados a obtener autorizaciones judiciales para llevar a cabo determinadas actuaciones cuando se vulneren determinados principios y derechos a través de los servicios de la sociedad de la información.

Asimismo, se ha actualizado el apartado dedicado a los términos y plazos, adaptándolo a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que considera aplicables al orden contencioso-administrativo los preceptos del proceso civil sobre la materia.

Se aborda la respuesta jurisprudencial a las medidas cautelares que, con ocasión de la impugnación en vía contenciosa de actos y disposiciones de naturaleza urbanística, se plantean por las partes interesadas, así como a las múltiples y diversas cuestiones que surgen en la ejecución de las resoluciones judiciales sobre urbanismo, derivadas en buena medida de la difícil, cuando no imposible, reversibilidad de los procesos de transformación física y jurídica del suelo que ponen en marcha los actos y disposiciones impugnados.

Los criterios jurisprudenciales en materia de medidas cautelares pretenden alcanzar el siempre difícil equilibrio entre la efectividad de la resolución judicial que en su día se dicte y el interés público en no paralizar o demorar los desarrollos urbanísticos. La justicia ejecutiva, por su parte, se encuentra con la dificultad de conciliar el cumplimiento de las resoluciones judiciales con la realidad física y jurídica ya alterada por los actos y disposiciones en su día (a veces muchos años atrás) impugnados.

Estas páginas nacen para poner a disposición de los componentes de las Corporaciones Municipales, en particular, y de los profesionales de la Administración Local, en general, las técnicas y documentos básicos que permitan una mayor eficacia en la tarea de organizar actos públicos.

Desde una perspectiva eminentemente práctica, proporciona una recopilación de modelos que pretende ser una guía de fácil manejo para ayudar a diseñar estos actos.

Con una visión integral, se dedica un esfuerzo especial a la gestión del proceso de comunicación que se genera durante el desarrollo del acto público.

Un actualizado anexo legislativo completa esta obra.

Este volumen constituye la culminación de la obra abierta que hasta ahora ha sido el Manual de Discursos de las Autoridades Locales, que desde su nacimiento en 2005 ha ofrecido un conjunto de cuantos discursos o intervenciones, puede realizar un político local a lo largo de su mandato.

La presente obra no pretende conformar un conjunto exhaustivo, pues resulta evidente que una casuística casi infinita, como la que la vida local proporciona, no permite algo así, pero sí se ha buscado editar una obra lo suficientemente ambiciosa que constituya una guía real y práctica, en la que los políticos locales puedan encontrar, ya sea por identidad o por analogía de situaciones, una ayuda a la hora de dirigirse a los ciudadanos.

La obra incluye un CD con todos los discursos en formato editable.