Obra de consulta práctica, que condensa la experiencia docente y profesional de sus autores, convencidos de que el estudio de la ciencia procesal es imprescindible para la formación básica de cualquier jurista. Se realiza un estudio del sistema procesal penal español y la aplicación de sus principales normas reguladoras. La obra que tiene dos propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del proceso penal español mediante la sistematización de sus leyes y estimular la atención del alumno universitario por las doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr estos objetivos, los autores presentan las instituciones y los procedimientos del sistema procesal penal español de manera dinámica y narrativa, deteniéndose en aquellas controversias doctrinales imprescindibles para entender algunos de los cambios de doctrina judicial de los últimos tiempos sobre aspectos tan relevantes como el principio acusatorio o las garantías de los derechos fundamentales en determinadas diligencias de investigación.

La prohibición de la reformatio in peius es una institución procesal que incorpora para el sujeto que recurre (y que ha resultado condenado) una ventaja añadida, un «plus» o matiz de predicción en la fase del recurso, lo que sin duda contrasta con la característica que, por antonomasia, acompaña al proceso: la incertidumbre de su resultado.

A través de la prohibición de la reformatio in peius una parte procesal (que impugna en solitario) ve asegurado un concreto resultado instantes antes de proceder a impugnar la resolución que le infringe gravamen. Esta singular característica, se mire como se mire, para el condenado que recurre, supone jugar con cierta ventaja al añadir un elemento nuevo que le permite controla, aunque sólo sea en cierta medida, su suerte de cara a la decisión del re- curso; le garantiza un determinado resultado que no tiene parangón con ninguna otra institución procesal.

El presente libro ofrece una visión panorámica en la que no sólo se aborda la práctica procesal sino también el concepto de Género y el derecho a la Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

La obra examina el proceso penal desde su inicio: competencias, tipos penales, medidas cautelares, prueba, procedimientos judiciales, instrucción, juicio oral, sentencia, recursos y formularios aplicables.

Es reseñable que aunque las autoasr profundicen especialmente en los problemas que puedan acontecer a diario ante los tribunales del orden penal, a través de las orientaciones y doctrinas más avanzadas por las que discurre el Derecho Procesal en el ámbito de la Violencia de Género, no han querido descuidar el análisis de las razones que han impulsado a la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algunos Juzgados de lo Penal, así como el Estatuto Integral de la Víctima en sus derechos tanto procesales como extraprocesales.

En el mes de noviembre de 2009 se publicaron sendas normas que modifican el Ordenamiento Procesal Español tanto en sus aspectos orgánicos como en los estrictamente procesales. Prácticamente todas las normas con contenido procesal han sido modificadas para introducir algunos cambios de orden procesal que afectan a la estructuración y funcionamiento de la mayor parte de los procesos y, en otro término, para adaptar las normas procesales a la redistribución funcional en el marco de la nueva oficina judicial.

Se trata de un análisis orgánico de carácter general y de un análisis específico en cada uno de los órdenes jurisdiccionales para resaltar el alcance y la extensión de los cambios introducidos.

Los recientes acontecimientos reformistas en el ámbito procesal europeo han puesto en tela de juicio los actuales métodos de investigación y de persecución penal del delito, evidenciando la necesidad de dotar de mayores niveles de eficacia y eficiencia al proceso penal del siglo XXI. Como resultado de ello, los modelos procesales, hasta el momento actual admitidos sin fisuras, han sido sometidos a una profunda revisión por parte de la doctrina procesalista europea, a la hora de diseñar la estructura de un nuevo proceso que logre dar satisfacción a la vieja aspiración de encontrar el perfecto equilibrio entre el control de la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales del justiciable.

Incluye CD con jurisprudencia a texto completo

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con jurisprudencia, además de recoger de forma amplia y debidamente extractada y sistematizada la doctrina jurisprudencial no sólo del Tribunal Supremo sino también del Tribunal Constitucional y, en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, con relación a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, anotados y concordados, incluye la nueva redacción de diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dada por el artículo 2 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 2009, cuya entrada en vigor está prevista a los seis meses de su publicación.

Esta obra es una revisión actualizada de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre el derecho fundamental al Juez imparcial en su modalidad objetiva, referida a la relación orgánica o funcional del Juez con el proceso mismo y proyectada, en esencia, en la máxima el que instruye no puede fallar.

Con la cita de más de 150 sentencias se pretende que esta monografía sea útil a los profesionales del derecho dedicados al proceso penal que deban enfrentarse a situaciones donde la imparcialidad objetiva del Juez esté en cuestión. Asimismo, el autor realiza una serie de consideraciones de orden científico y doctrinal acerca de la institución que ayudan al lector a comprender la dimensión de la misma, proponiendo soluciones de «lege ferenda» para algunos de los problemas actuales del proceso penal en relación con el derecho fundamental al Juez imparcial.

Se han incluido en este código tanto una selección de preceptos de la Ley 11024/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, como el mismísimo Real Decreto n° 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, con lo que se da buena cuenta del régimen de la presencia de las entidades de crédito en el ámbito de los mercados de valores e instrumentos financieros, así como de la prestación de servicios de inversión.

La obra pretende ofrecer una solución en lo que respecta al tratamiento que ha de recibir el error del autor en supuestos en los que el legislador omite algún aspecto concreto de la norma penal y remite a disposiciones jurídicas recogidas en otros sectores del ordenamiento, resultando el contenido de tales disposiciones necesario para conocer el supuesto de hecho típico. Se trata de una cuestión ampliamente abordada, muy controvertida, de enorme trascendencia práctica, sobre todo en el ámbito del Derecho penal accesorio, y que presenta un alto nivel de abstracción, lo que ha llevado a estructurar el trabajo en torno a una serie de casos particulares que constituyen su hilo conductor.

En esta monografía se realiza un estudio sistemático de las medidas que cabe adoptar en nuestro Ordenamiento para la tutela de los que han de intervenir como testigos en una causa criminal. Estas medidas se contienen principalmente en la específica Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, que dispone un conjunto de medidas tuitivas para el testigo, algunas de las cuales (como el testimonio anónimo y el testimonio oculto) con clara repercusión en las posibilidades defensivas del encausado. En este sentido, por un lado, se analizan con detalle el alcance del anonimato del testigo conforme a nuestras normas y su compatibilidad con el derecho de defensa, a la luz de la jurisprudencia propia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y por otro lado, se expone cómo lograr que el testigo declare sin ser visto con normalidad por el acusado, de forma respetuosa con las garantías de este último, examinando, a su vez, la validez de las declaraciones realizadas en su ausencia, o a distancia, a través de medios técnicos.

A diferencia de los frecuentes trabajos sobre las faltas, de carácter procesal la gran mayoría de ellos, la presente obra constituye un estudio doctrinal de derecho penal sustantivo sobre las figuras penales contenidas en los Títulos III y IV del Libro III del vigente Código Penal de 1995, referidas a las “Faltas contra los intereses generales” y a las “Faltas contra el orden público”, respectivamente.

Estas infracciones penales no han gozado de una especial atención por parte de la doctrina penal que, al hilo del estudio de los delitos, se han ocupado históricamente de las faltas contra las personas o contra el patrimonio. Sin embargo, su frecuente aplicación por los Tribunales de Justicia hacía patente la necesidad de un estudio detallado y actual de ellas.

En esta obra se aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos; cambios que no siempre se encuentran plasmados en leyes y, por consiguiente, su ordenación sistemática resulta esencial para todo aquél que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal.

Este Tratado, aunque profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, sin embargo no por ello deja de tener un enfoque práctico, pues, en ella siempre se considera la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como la doctrina tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la del Tribunal Constitucional.

Esta obra recoge, de forma exhaustiva y sistemática, la respuesta que los diferentes tribunales han dado a la violencia de género en su más grave manifestación: el delito de homicidio en la pareja.

Se analizan cuestiones como la calificación del delito, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal o la responsabilidad civil, con base en la jurisprudencia más actual con referencias de sentencias concretas a fin de facilitar su análisis y comprensión, sin olvidar el estudio de las distintas posturas y soluciones jurídicas que se han ido aplicando en los últimos años en una evolución del derecho y la interpretación de la realidad social de nuestro tiempo, de gran interés jurídico y sociológico.

La renovación de todo un clásico

Nueva edición actualizada con las reformas legales habidas hasta la fecha de su publicación; a destacar, entre otras, la LO 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC, que ha reformado el recurso de amparo constitucional y el incidente excepcional de nulidad de actuaciones y la LO 8/2006, de 4 de diciembre, de reforma de la Ley del menor.

Objetivo: mostrar todos los trámites que se siguen en cada procedimiento penal ante el órgano jurisdiccional competente, ofreciendo las explicaciones que faciliten tanto el conocimiento de las instituciones procesales como de las incidencias de su aplicación práctica.

La esencia de la investigación criminal no es otra que la búsqueda de la verdad, el hallazgo del qué, quién, cómo, cuándo y por qué se ejecuta el hecho criminal. Investigar para conocer y conocer para actuar.

Con ese mismo fundamento he pretendido escribir esta obra; una obra multidisciplinar, útil, práctica, didáctica y, ante todo, muy reflexiva, analizando e introduciéndose en la criminalidad desde su solución, desde la aportación común de las distintas disciplinas o técnicas que intervienen en su investigación reactiva y paliativa, y marcando fielmente la idea general y, porqué no decirlo, concienciando al lector sobre la necesidad real y efectiva de la investigación preventiva, aquella que se antoja más importante, aquella que pueda anticipar los daños que provoca el crimen, el "delictum", en definitiva, toda acción antijurídica.

La obra, que ha sido elaborada autores procedentes de diferentes profesiones jurídicas (Profesores universitarios, Magistrado y Fiscal), tiene una clara vocación docente, dirigida básicamente a la formación de los estudiantes de Licenciatura y Grado en Derecho, pero también a los opositores en el concurso de provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial y Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal.

Biblioteca Básica de Práctica Procesal nº 243

La presente colección de acciones penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales.
Desde una óptica fundamentalmente práctica, desarrolla la presente colección de acciones todos los aspectos procesales de las mismas, proporcionando al lector el material imprescindible para su interposición: jurisprudencia, legislación, bibliografía, formularios habituales y esquemas procedimentales.
En el presente libro se efectúa un minucioso estudio del juicio de faltas.

La Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente; cuando hablamos de la Administración de Justicia, como poder del Estado, estamos ante una situación mucho más importante. En este ámbito, los delitos contra la Administración de Justicia, en su heterogeneidad, son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de una persona que contaminaría el buen nombre de la Justicia.

En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas autoridades, funcionarios y terceras personas, que olvidan los fines de la Justicia y actúan a favor de otra u otras personas determinadas, utilizando su posición para cargar sobre la política o la economía.

Incluye CDROM con Jurisprudencia

Cuarta edición, revisada y puesta al día, de una obra de síntesis, en la que se estudian, resumen, extractan y ordenan las resoluciones más significativas que sobre la prueba penal ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este estudio se completa con un exhaustivo análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional y las necesarias referencias a las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado, dando así cumplida respuesta a las cuestiones más problemáticas que el tema de la prueba presenta diariamente en la práctica forense.

Ordenada por materias, comienza con el estudio de la presunción de inocencia, los problemas procesales que plantea su invocación y los temas afines, la prueba ilícita, su efecto reflejo y las cuestiones de índole procesal.

En el Capítulo IV del Título III del Libro III, de la LEC, dedicado a la oposición a la ejecución y a la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo, el legislador ha concretado determinados motivos o causas de oposición y de impugnación, y ha establecido diversos cauces procesales para que las partes de la ejecución puedan alegar o denunciar la concurrencia de dichos motivos o causas que, de ser estimados, determinarán la ilicitud de la ejecución en su conjunto o de una actividad ejecutiva concreta. La obra recoge el estudio de la doctrina científica publicada sobre la materia y un análisis detallado y exhaustivo de más de 900 resoluciones jurisprudenciales pronunciadas durante estos cinco primeros años de vigencia de la LEC.

La obra recoge el estudio de la doctrina científica publicada sobre la materia y un análisis detallado y exhaustivo de más de 900 resoluciones jurisprudenciales pronunciadas durante estos cinco primeros años de vigencia de la LEC.