Constituye novedosa incursión en el Derecho administrativo que rodea la estética urbana de nuestras ciudades. El papel de la intervención de las Administraciones Públicas sobre la ciudad no sólo es definitivo porque determine su organización, infraestructura o usos urbanísticos, sino también porque cada vez es más intenso en la definición de su belleza, de lo que cada ciudad quiere para sí en un plano puramente estético aunque con repercusiones múltiples que la superan: económicas, turísticas, patrimoniales, medioambientales o artísticas.

Uno de los efectos más notorios de la crisis económica es el incremento de la morosidad, con el aumento de impagados y de los retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afectan a todos los sectores y suponen importantes costes financieros, administrativos y jurídicos. Esta situación, que se contagia en cadena entre las empresas y que, en muchos casos, tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de las Administraciones públicas, está provocando la pérdida de empleos y la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.

El profesor Fernando Reglero Campos coordinó, en 2007, la primera edición de esta «Ley de Contrato de Seguro. Jurisprudencia Comentada». José Antonio Badillo asume, ahora, la coordinación de esta segunda edición.

El propósito de la obra sigue siendo el de acercar esta disciplina a los profesionales del Derecho que tienen relación con el mundo del seguro, jueces, fiscales, aseguradores, mediadores de seguros, abogados, peritos, etc., dándoles una visión práctica y ordenada de la materia. En este sentido, se ha hecho un estudio doctrinal de cada uno de los artículos de la Ley de Contrato de Seguro, centrándose en el análisis, no tanto de las consideraciones de la doctrina científica, como de la jurisprudencia, y dentro de ésta, principalmente, de la emanada de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo, actualizándola desde el año 2007, fecha en la que se publicó la 1ª edición.

Oferta Pre-edición. Resérvalo antes del 31/01/2012 y aprovéchate del 25% de descuento

Tras dos lustros de vigencia y más de veinte reformas legislativas, algunas de ellas de gran calado, como la Ley 37/2011 de agilización procesal, era necesaria una obra que abordase de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Civil, revisitando los conceptos sabidos y analizando los institutos de nueva creación a la luz, en especial, de la ingente jurisprudencia producida en la pasada década sobre la materia. Este libro está concebido, esencialmente, por y para los profesionales del Derecho. Realizado por un grupo multidisciplinar de expertos integrado por abogados, procuradores y magistrados, así como profesores y catedráticos de diversas universidades españolas, en él se aborda un análisis sistemático de cada uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Un análisis exhaustivo, sistemático y razonado de la Ley 37/1992 del IVA.
Realiza un estudio en profundidad de las controversias en su aplicación.

Analiza tanto la normativa interna como la comunitaria, procediendo a la comparación de ambas.

Estudio de los sectores con mayor problemática: financiero, público, inmobiliario.

La reciente reforma concursal, operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, supone un hito en nuestro moderno Derecho Concursal.

Transcurridos apenas siete años de la entrada en vigor de la Ley Concursal ven la luz más de quinientas modificaciones, agrupadas en un centenar de preceptos. En la historia legislativa reciente pocas veces una Ley tan joven ha sufrido una modificación de semejante calado. Este hecho justifica la necesidad de una obra como esta que comenta todos y cada uno de los aspectos de la reforma y su compleja integración en el texto concursal.

De acuerdo con los últimos datos publicados, las tasas se han convertido en una fuente muy relevante de ingresos. Esta relevancia viene acompañada de una no menos importante litigiosidad.

La regulación de las tasas locales es uno de los ámbitos del ordenamiento financiero español donde se han experimentado durante los últimos años mayores modificaciones legislativas en muchas ocasiones a impulso de la jurisprudencia.

Analiza de forma exhaustiva, directa y sencilla el conjunto de reformas que se han producido sobre la legislación procesal española.

Presta especial atención a las disposiciones legales y aspectos centrales del ámbito procesal.

Aborda también el estudio de anteproyectos o proyectos de Leyes que tienen una relevancia notable en el panorama regulatorio del proceso.

Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y rapidez de acceso a la información.

En este Memento Experto se lleva a cabo el análisis más riguroso sobre las consecuencias prácticas de las materias que se han visto afectadas tras la entrada en vigor de la L36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social, publicada en el BOE del 11 de octubre.

Esta nueva Ley, que entra en vigor el 11 de diciembre de 2011, aporta como principal novedad la ampliación y clarificación del ámbito objetivo de conocimiento de la jurisdicción social que asume competencia, hasta ahora, en materias residenciadas en otros órdenes jurisdiccionales, destacando, entre otras muchas, las relativas a impugnaciones de resoluciones administrativas en caso de EREs de todo tipo (extintivos, de suspensión temporal o reducción de jornada), y del grueso de las impugnaciones de las sanciones administrativas de las que entendía la jurisdicción contencioso-administrativa.

Adaptada nuevo Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre

La primera parte, analiza los fundamentos y conceptos básicos de la actividad del control interno municipal, con amplio apoyo doctrinal, con las tareas que requieren la propia gestión de los servicios locales.

El siguiente apartado comenta el Presupuesto y la Contabilidad Local, como herramientas o elementos básicos con los que trabaja habitualmente la Intervención Municipal. Las otras herramientas que se analizan, son las propias de la actividad de supervisión, en la que se centra el Interventor Local, como son la función Interventora o de Fiscalización previa, acto por acto, y expediente por expediente; y las de Control Financiero o Auditoria, sobre actuaciones ya realizadas.

Ley de Enjuiciamiento Civil y Leyes Complementarias

Articulado vigente de la LEC de 1881

Actualizada a la Ley 37/2011 de agilización procesal

Una herramienta de trabajo imprescindible para quien necesite disponer de los textos procesales civiles de más frecuente consulta comentados, concordados y con jurisprudencia.

Formularios procesales civiles

Edición adaptada a la ley 18/2011, 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías y la comunicación de la Administración de Justicia y ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de la justicia

Edición adaptada a la ley 18/2011, 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías y la comunicación de la Administración de Justicia y ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de la justicia

Se puede afirmar que Rodríguez Hermoso, no sólo llevó a cabo una óptima labor de sistematización, sino que su trabajo se encontraba y se encuentra siempre presidido por la calidad de sus contenidos, constituyendo una herramienta básica, que hoy, unida a la tecnología, ha determinado y determina una oportunidad de eficacia muy interesante para la Administración de Justicia. Por todo ello se puede afirmar que estamos en presencia de una gran obra jurídica, reclamando el valor intrínseco que los libros de formularios aportan al entramado jurídico de nuestro país, y que permiten no sólo un mayor conocimiento del funcionamiento de juzgados y tribunales, sino una actuación más dinámica y eficaz ante ello.

Articulado vigente de la LEC de 1881

Actualizada a la Ley 37/2011 de agilización procesal

Una herramienta de trabajo imprescindible para quien necesite disponer de los textos procesales civiles de más frecuente consulta comentados, concordados y con jurisprudencia.

La actual coyuntura de crisis económica ha hecho cobrar mayor impulso a las acciones que los acreedores de una sociedad mercantil pueden dirigir contra sus administradores.

Ante el impago de una factura o ante la insolvencia general de la empresa deudora, los acreedores sienten la necesidad de derivar sus reclamaciones contra otros patrimonios diferentes al de la propia sociedad, habida cuenta de la habitual insuficiencia del mismo para responder por la deuda contraída.

El régimen de responsabilidad que nuestra legislación societaria contempla para los administradores es ciertamente severo, obligándoles a responder de forma personal cuando se aprecie que sus acciones u omisiones han sido determinantes para el impago de la deuda social.

La detención es una medida limitativa de derechos que puede resultar legítima según en qué casos y circunstancias. El control sobre los eventuales abusos en la utilización de esta medida o en su ejecución, exige instrumentos expeditivos a disposición de los particulares afectados. Se precisa una rápida reacción de los órganos judiciales para poner fin a privaciones de libertad ilegítimas.

Esta es precisamente la finalidad del hábeas corpus, pues se trata de «una garantía procesal específica prevista por la Constitución para la protección del derecho fundamental a la libertad personal» (STC 154/1995). Su cognición limitada no permite, sin embargo, otro control judicial que el relativo a la regularidad o legalidad de la detención, sin más consecuencias que la terminación o modificación de la misma (SSTC 98/1896, 104/1990, 12/1994, 21/1996 y 86/1996).

Obra de consulta práctica, que condensa la experiencia docente y profesional de sus autores, convencidos de que el estudio de la ciencia procesal es imprescindible para la formación básica de cualquier jurista. Se realiza un estudio del sistema procesal penal español y la aplicación de sus principales normas reguladoras. La obra que tiene dos propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del proceso penal español mediante la sistematización de sus leyes y estimular la atención del alumno universitario por las doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr estos objetivos, los autores presentan las instituciones y los procedimientos del sistema procesal penal español de manera dinámica y narrativa, deteniéndose en aquellas controversias doctrinales imprescindibles para entender algunos de los cambios de doctrina judicial de los últimos tiempos sobre aspectos tan relevantes como el principio acusatorio o las garantías de los derechos fundamentales en determinadas diligencias de investigación.

El interés por la cultura jurídica de Marruecos se ha visto progresivamente incrementado al constatar la importante presencia en España del colectivo de población procedente de aquel país, lo que origina un aumento de nacimientos de hijos de padre o madre marroquí.

Ello conduce a la proliferación de situaciones en que es necesaria la determinación de la filiación, tal y como sucede, por ejemplo, en el ámbito de la atribución de la nacionalidad, de la obtención de pensiones alimenticias o del Derecho de sucesiones.

Esta realidad, junto con la verificación del insuficiente tratamiento doctrinal de la determinación de la filiación en el tráfico jurídico entre España y Marruecos, originan la elección del objeto de esta obra.